Juan Blanco | API Guerrero
Chilpancingo, Gro. | 15 de diciembre de 2021
La actual administración municipal de Chilpancingo que encabeza la alcaldesa morenista Norma Otilia Hernández Martínez, detectó que de 800 obras públicas que presumió haber realizado durante su administración Antonio Gaspar Beltrán, 273 se ejecutaron de manera irregular.
De esas, las autoridades constataron que, a través de la entonces primera síndica Vianey Castorena Tenorio, y de la titular de la Secretaría de Obras Públicas del Ayuntamiento capitalino, Ana Dilcia Torres Romero, se adjudicaron tres obras en ocho contratos de forma directa sin licitación como lo marca la ley.
Además, se detectó que se realizaron transferencias bancarias de una cuenta a otra del Ayuntamiento capitalino, sin la documentación comprobatoria. Estas irregularidades derivaron en observaciones por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que ascienden a más de 230 millones de pesos.
Informe
Los sindicos Andrei Marmolejo Valle y Yazmín Arriaga Torres, y las regidoras y regidores Lizeth Guadalupe Calvo Soberanis, Yamileth Castillo Valenzo, Neshme Azar Contreras e Iván Galíndez Díaz y Samir Ávila Bonilla, de la Comuna Municipal, ofrecieron una conferencia de prensa para dar a conocer un informe sobre adeudos históricos en el municipio.
En su intervención, Marmolejo Valle dio cuenta primero de cómo ha ido creciendo el número de trabajadores del Ayuntamiento y el gasto que se genera en cada quincena por el pago de salarios, y dijo que en el periodo 2005-2008 del gobierno de Mario Moreno Arcos se destinaron 5 millones 839 mil 505 pesos con 51 centavos para el pago de quincenas de 2 mil 684 empleados.
No obstante, al final de su administración le heredó al alcalde que lo sucedió, el priísta Héctor Astudillo Flores, una nómina de 2 mil 937 trabajadores, es decir, 253 más, lo que representó un gasto quincenal de 8 millones 165 mil 384 pesos con 92 centavos.
A su vez, éste le heredó a su sucesor, de nueva cuenta a Mario Moreno Arcos, quien gobernó la capital por el periodo 2012-2015, una nómina de 3 mil 189 empleados, lo que significó que hubo un incremento de 252 empleados. Esto ya representaba un gasto de 11 millones 129 mil 111 pesos con 53 centavos.
Sin embargo, éste le dejó a la siguiente administración, en este caso a la de Marco Antonio Leyva Mena, una nómina de 3 mil 730 trabajadores, un incremento de 552, lo que representó un gasto quincenal de 17 millones 140 mil 911.58 pesos.
Durante su periodo (2015-2018) como presidente, aseguró el síndico en su informe, Leyva Mena no aumentó la nómina, al contrario, dijo, la disminuyó a 3 mil 358, misma que le heredó a su sucesor, el perredista Antonio Gaspar Beltrán, lo que generó un gasto de 16 millones 508 mil con 494 pesos.
De acuerdo con el funcionario, en los más de dos meses que lleva la administración de Norma Otilia Hernández Martínez, se ha hecho una depuración de la nómina de 402 personas, dando un total de 2 mil 946 trabajadores, lo que representa un gasto quincenal de 16 millones 106 mil pesos.
Marmolejo Valle dijo que cada quincena las áreas encargadas del Ayuntamiento realizan una evaluación para ver la posibilidad de seguir disminuyendo la nómina y no afectar las finanzas públicas.
Aumento de sueldo de personal
En otro tema, el edil denunció que el ex munícipe perredista dejó en nómina a 13 de sus funcionarios a quienes les incrementó su salario “de manera irresponsable, a pesar de no haber un techo presupuestal para ello”.
En una lámina que proyectó en pantallas en la conferencia de prensa, se pudo observar que uno de los funcionarios, de quien no se dio su nombre, percibía en septiembre del 2018 un salario de 4 mil 417.31 pesos y que en la fecha del 15 de octubre del mismo año Gaspar Beltrán se lo subió a 8 mil 714.74 pesos.
En el 2020, a éste trabajador se le incrementó su salario en al menos dos ocasiones, pues pasó a ganar hasta 15 mil 156.48 pesos. El 31 de octubre de este año, es decir, al final de la administración del perredista, se le volvió a incrementar su salario, de modo que ya ascendía a 15 mil 972.72 pesos, sin embargo, al entrar en funciones Norma Otilia Hernández Martínez, a dicho funcionario se le recortó su salario a 8 mil 548.89 pesos, aseguró.
De acuerdo con Marmolejo Valle, “para poder realizar incrementos en cada administración y a cada trabajador, tiene que estar justificado en Hacienda Pública Municipal el incremento del techo presupuestal”, pero insistió que esto no sucedió así.
Fondo Invex
Otras de las anomalías que se detectaron en el manejo de recursos públicos fue en cuanto al fondo Invex que es utilizado para el pago de aguinaldos, y señaló que el monto que había ahí era de 15 millones 500 mil pesos, pero que al final de su periodo Gaspar Beltrán los retiró para pagar a proveedores, “afectando directamente al personal de la actual administración”, indicó.
Dijo que el saldo al día de hoy del Invex es de 5 millones de pesos, y que ante esta situación el gobierno local actual se vio obligado a solicitar un préstamo bancario, pero reiteró que Hacienda sólo autorizó 22 millones de pesos, debido al historial crediticio negativo heredado también por las autoridades anteriores.
Pasivos
El síndico reiteró que dentro de los pasivos que les heredaron se encuentran el de proveedores por un monto de 945 millones de pesos; ISSSPEG, 244 millones de pesos; ISSSTE, 31 millones de pesos; y cuotas sindicales, 5 millones 500 mil pesos, dando un total de mil millones 225 mil 500 pesos.
Observaciones de auditorías
El edil morenista dijo que los malos manejos de recursos públicos por parte de Gaspar Beltrán, derivaron en observaciones por parte de la Auditoría Superior del Estado y de la Federación, no obstante, no descartó que el ex alcalde perredista “esté trabajando” en solventarlas.
Dijo que de acuerdo con la Auditoría asentada en la carpeta FAISM-DF 2018, Gaspar Beltrán “no aprobó la evaluación de control de desempeño, esto se refiere que la administración puso en riesgo el cumplimiento de sus obligaciones”, además de que no “cumplió con la Ley Federal de Contabilidad y duplicó cuentas bancarias de los recursos del ramo 33”.
También realizó 23 transferencias bancarias injustificadas, dando un monto observado por los 12 millones 990 mil pesos. De Igual forma, realizó 18 obras que no beneficiaron a zonas de pobreza extrema como lo marca el decreto de “Zonas Prioritarias”, sino que las ejecutaron en zonas urbanas, cuyo monto observado asciende a 14 millones 178 mil 785.85 pesos.
“Se constató que a través de la Primera Síndica (Vianey Castorena Tenorio) y la Secretaria de Obras Públicas (Ana Dilcia Torres Romero), adjudicaron 3 obras en 8 contratos de forma directa sin licitación como lo marca la Ley de Obras Públicas del Estado de Guerrero”, agregó el síndico, lo que derivó en una observación por los 10 millones 580 mil pesos, lo que da un total de 37 millones 940 mil 607.20 pesos observados.
En ese sentido, agregó que la Auditoría Superior del Estado, mediante la carpeta ASE -0A006 -2019, detectó que no se entregó documentación de soporte de 10 obras ejecutadas, pero que “sin embargo se dieron garantías y anticipos, al reporte”, dando un monto observado por los 5 millones 433 mil 744.68 pesos.
La administración pasada también reportó a la ASE la ejecución de 225 obras, pero no entregó la documentación comprobatoria y soporte de expediente técnico, lo que derivó en una observación de 119 millones 867 mil 557 pesos, dando un total observado de 125 millones 331 mil 298.5, tan sólo de la carpeta ASE-0A006-2019.
De acuerdo con la proyección de diapositivas que realizó el síndico, en la Auditoría asentada en la carpeta 2019-C-CF-31-023-2020, se detectó que “no presentaron el presupuesto de ingresos 2019 ni fue aprobado por el Cabildo, por lo que no fue posible determinar si los recursos fueron ejercidos conforme a la ley o por partidas aprobadas”.
Además, “no reportaron conceptos de deuda pública, sin embargo, sí lo hicieron mediante un contrato con la empresa Servicios Patrimoniales JVM S.A de C.V”, lo que derivó en una observación por los 5 millones 800 mil pesos; además se detectó que hicieron retenciones del ISR, pero no presentaron la documentación comprobatoria, dando un monto observado por los 37 millones 255 mil con 23 pesos, sumando un total de 43 millones 53 mil pesos.
En la Auditoría asentada en la carpeta 2019-C-CIF-31-022-2020, se detectó que “cuatro obras no cuentan con evidencia documental”, dando un monto observado por los 8 millones 862 mil 547.11 pesos. De igual forma, 13 obras “no cuentan con evidencia documental”, lo que derivó en una observación por los 17 millones 165 mil 708.82 pesos, dando un total de 22 millones 28 mil pesos.
Es decir, de las 800 obras públicas que presumió haber realizado durante su administración el ex alcalde de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán, 273 se ejecutaron de manera irregular.
Otras observaciones
Aunado a ello, Marmolejo Valle agregó que apenas el día lunes 13 de diciembre, la Auditoría Superior del Estado notificó al Ayuntamiento municipal sobre nuevas observaciones a la administración del ex alcalde Antonio Gaspar Beltrán, por lo que el gobierno actual debe presentarse a hacer las aclaraciones pertinentes.
En ese sentido, dijo que en la Auditoría asentada en la carpeta 2020-CF-31-025-2021, se detectó que “se realizó una transferencia a otra cuenta bancaria del Ayuntamiento por un importe de 17 millones 488 mil 64 pesos” del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal presentados por la Entidad Fiscalizada.
Lo anterior, se señaló, “sin presentar la documentación comprobatoria y justificativa que acredite la aplicación o devolución de los recursos, en apego a la normatividad establecida, por lo que se solicita se aclare esta transferencia”.
Por parte de la Auditoría asentada en la carpeta 2020-CCF-31-025-2021, se constató que se efectuaron retenciones por concepto de cuotas y aportaciones al ISSSPEG por un importe de 43 millones 553 mil pesos, sin embargo, no se presentó la documentación comprobatoria del entero correspondiente.
Finalmente, dijo que de la Auditoría asentada en la carpeta 2020-CCF-31-025-202, “se verificó que no reporta financiamiento por concepto de deuda pública, sin embargo, se constató en el apéndice estadístico de la deuda pública del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2020, que durante el Ejercicio Fiscal 2020 realizó la contratación de dos financiamientos por concepto de crédito simple sin garantía con Banco Azteca, por los importes de 22 millones 500 mil pesos y 10 millones, verificándose que no presentó el acta de aprobación por el Cabildo ni se realizó la inscripción del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, por el importe de 10 millones de pesos”.
Agregó: “Además se constató que la integración detallada de los recursos recibidos por las transferencias por el concepto de participaciones, aportaciones o subsidios, convenios, apoyos, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020, y de las constancias de liquidación y participaciones federales a municipios, que reportan descuentos por un importe de 9 millones 240 mil pesos, por concepto de préstamos para contingencias financieras, de lo cual no especifica a qué fuente de financiamiento corresponde, verificándose que no presentó el acta de aprobación por el Cabildo ni se realizó la inscripción en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, por lo que se solicita su aclaración”.
El síndico indicó que el monto observado asciende a más de 232 millones de pesos, pero que esto apenas es sólo un resumen, puesto que aún hay más observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado y de la Federación.
Finalmente, denunció que más de 50 ex funcionarios de “Toño” Gaspar no realizaron su declaración de conclusión de cargo a la Contraloría Interna Municipal, por lo que ya fueron notificados para presentarlo, y advirtió que, en caso de no acatar el llamamiento, “en breve se estarán realizando los procedimientos administrativos”.
