SANCIONA EL CONGRESO SUMINISTRO NO CONSENTIDO DE SUSTANCIAS A TRAVÉS DE INYECCIONES

Boletín| Congreso del Estado|Chilpancingo, Gro|28 de Octubre de 2025

Para castigar con severidad a quien suministre, introduzca o aplique cualquier sustancia sin el consentimiento de la víctima, el Pleno del Congreso del Estado aprobó adicionar el Código Penal de Guerrero con un Capítulo III denominado “De la administración no consentida de sustancias”.

Con esta adición, que fue propuesta por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la diputada Araceli Ocampo Manzanares, se busca cerrar un vacío legal y reconocer esta conducta como una forma grave de violencia que vulnera la autonomía, la dignidad y la integridad física y mental de las personas.

En la exposición de motivos se señala que estas inyecciones se realizan con sustancias desconocidas, pero que en alguno casos se ha logrado reconocer sustancias psicotrópicas, como el THC (componente del cannabis), benzodiacepinas (sedantes) y, en menor medida, fenciclidina o cocaína, por lo que no solo se atenta contra la integridad física, sino que se deja a las víctimas en un estado de extrema vulnerabilidad frente a otros delitos como el robo, abuso sexual o la trata de personas, al presentar síntomas como mareos, náuseas, visión borrosa, somnolencia, desorientación y una sensación general de debilidad.

Las penas establecidas van de dos a cinco años de prisión y hasta el doble, cuando las víctimas sean mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas mayores o con discapacidad, o cuando el delito ocurra en espacios públicos o con violencia física.

 

El dictamen emitido por la Comisión de Justicia fue fundamentado por el presidente de dicho órgano legislativo, el diputado Carlos Eduardo Bello Solano, quien señaló que la adición representa un avance en la protección de los derechos humanos y en la erradicación de prácticas que ponen en riesgo la vida y seguridad de las y los guerrerenses.

PIDE DIPUTADO REESTRUCTURAR DEUDA DE ESCUELAS AL CIEN POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS PARA INFRAESTRUCTURA

Boletín| Congreso del Estado|Chilpancingo, Gro|27 de octubre de 2025.

El diputado Pánfilo Sánchez Almazán propone exhortar a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de Educación Pública (SEP) y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) para que junto con el Gobierno de Guerrero, analicen las condiciones actuales del convenio Escuelas al Cien, su impacto financiero y social, identificando alternativas para la aplicación del plazo de pago y la reestructuración del esquema financiero.

 

En un Acuerdo Parlamentario que analiza la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, el legislador destaca que este exhorto es con el propósito de mejorar la maniobrabilidad presupuestaria y liberar recursos destinados a la educación.

 

Recordó que en el 2015 el programa federal Escuelas al CIEN fue creado para dignificar los planteles educativos del país, donde entidades como Guerrero comprometieron el 25 por ciento del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) durante 25 años para rehabilitar cientos de escuelas, pero hoy ese esquema financiero se ha vuelto una carga que limita la capacidad de inversión.

 

Explicó que, después de los descuentos derivados de este convenio, el Instituto Guerrerense de Infraestructura Física Educativa (IGIFE) dispone apenas de 266 millones de pesos para inversión productiva, monto insuficiente ante las carencias de

miles de escuelas, muchas de ellas sin agua, electricidad, ni sanitarios adecuados.

 

“Por eso, desde esta tribuna propongo un exhorto respetuoso pero firme a las autoridades federales y estatales para reestructurar los compromisos financieros del programa Escuelas al Cien. No buscamos cancelar deudas ni desconocer obligaciones, sino revisar y renegociar condiciones que hoy resultan desfavorables para Guerrero”, señaló.

 

Y es que refiere que otros Estados como Oaxaca, Chiapas y Veracruz han demostrado que es posible alcanzar acuerdos más justos con la Federación, logrando extensiones de plazo, reducción de tasas de interés y mayor flexibilidad presupuestaria, por lo cual Guerrero no debe quedarse atrás.

 

En ese sentido, plantea que la SHCP, la SEP y BANOBRAS establezcan mesas de trabajo interinstitucionales con la Secretaría de Educación estatal para revisar este convenio y proponer su reestructuración; diseñar mecanismos graduales de reducción del porcentaje comprometido del FAM, liberando recursos para nuevas inversiones en infraestructura educativa y que el INIFED brinde acompañamiento técnico y jurídico para garantizar que las escuelas guerrerenses alcancen los más altos estándares de calidad, seguridad y equidad.

PROPONEN GARANTIZAR INTÉRPRETES PARA INDÍGENAS EN INVESTIGACIONES MINISTERIALES

Boletín| Congreso del Estado|Chilpancingo, Gro.|26 de octubre de 2025.

La Comisión de Justicia analiza una iniciativa de adición a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero para que el Ministerio Público esté obligado a preguntar y garantizar, desde la apertura de la carpeta de investigación, la asistencia de un intérprete o traductor certificado en lenguas indígenas, que brinde apoyo a víctimas, ofendidos o testigos indígenas para asegurar su comprensión plena de los actos procesales.

Al presentar la propuesta, la diputada Catalina Apolinar Santiago, presidenta de la Comisión de los Pueblos y Comunidades Indígenas, explicó que la adición al artículo 12 Bis a la Ley mencionada establece la obligación de documentar la solicitud de intérpretes y defensores y que estos cuenten con perfil académico y certificación vigente del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) para garantizar su competencia profesional y evitar que las personas indígenas víctimas u ofendidas sigan enfrentando barreras lingüísticas y culturales que limitan su derecho al acceso pleno a la justicia.

Recordó que la Constitución Federal, la Ley General de Derechos Lingüísticos y diversos Tratados Internacionales, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconocen el derecho de los pueblos originarios a contar con intérpretes en su lengua y cultura durante todo el proceso judicial.

 

Agregó que, aunque la legislación estatal actual reconoce este derecho para personas detenidas, no obliga a la autoridad ministerial a garantizarlo desde el inicio de la investigación por lo que es importante armonizar la norma local con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos y con las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el respeto a los derechos lingüísticos.

Precisó que Guerrero es una entidad con amplia diversidad cultural y lingüística, y que la población indígena, especialmente mujeres, niñas, niños y adolescentes, enfrenta altos índices de violencia, discriminación y falta de acceso a servicios de justicia, muestra de ello es que entre 2020 y 2025 más del 50 por ciento de las víctimas de feminicidio en la región de la Montaña pertenecen a pueblos originarios, lo que pone en evidencia la urgencia de garantizar procesos judiciales incluyentes y con enfoque intercultural.

Por ello, enfatizó que esta iniciativa representa un paso firme hacia una justicia más accesible, igualitaria y respetuosa de los derechos de los pueblos originarios, asegurando que toda persona indígena comprendida en un proceso penal pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa, sin barreras lingüísticas ni culturales.

ANALIZAN RECONOCER LA SALUD MENTAL COMO UNA PRIORIDAD SANITARIA PARA FORTALECER SU ATENCIÓN EN GUERRERO

Boletín|Congreso del Estado| Chilpancingo, Gro| 24 de octubre de 2025

La diputada Beatriz Vélez Núñez presentó una iniciativa de adición a la Ley 1212 de Salud del Estado, en materia de salud mental, para reconocerla como una prioridad sanitaria y social, fortalecer la atención primaria con servicios accesibles y culturalmente pertinentes, así como impulsar acciones preventivas, de detección temprana y acompañamiento psicosocial en beneficio de la población guerrerense.

En tribuna, la legisladora explicó que la salud mental forma parte del derecho humano a la salud, consagrado en la Constitución Política del Estado de Guerrero, que establece que toda persona tiene derecho a recibir servicios con calidad, oportunidad y pertinencia cultural, por eso, la iniciativa busca garantizar que este derecho se traduzca en acciones concretas, integrales y equitativas.

Vélez Núñez destacó que en parte de la población aún existe estigma social y la concentración de servicios en zonas urbanas han apartado a las comunidades rurales e indígenas, impidiendo una atención oportuna y con enfoque comunitario, por lo que esta reforma responde a una necesidad estructural y profundamente humana para lograr un Guerrero más justo, más sano y más digno, donde la atención integral de la salud mental sea un compromiso institucional y un acto de justicia social.

Por ello, la iniciativa propone adicionar un inciso a la fracción II del artículo 31 de la Ley de Salud del Estado, a fin de reconocer la salud mental como prioridad sanitaria, fortalecer la atención primaria, capacitar al personal médico, docente y comunitario en detección temprana y acompañamiento psicosocial, e impulsar sistemas de información epidemiológica que permitan dimensionar la carga real de los trastornos mentales.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud para su dictaminación.

EXHORTA CONGRESO AL INALI A FORTALECER POLÍTICAS PÚBLICAS EN FAVOR DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Boletín|Congreso del Estado| Chilpancingo, Gro.| 22 de Octubre de 2025

El Congreso del Estado de Guerrero exhortó a la encargada de la Dirección General del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) de la Secretaría de Cultura Federal para que, junto con el gobierno estatal, coordine e instrumente políticas públicas que permitan la inclusión lingüística en los municipios de Guerrero con mayor influencia indígena.

Asimismo, para que la Dirección General del INALI en coordinación con la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos del Estado, coordinen e instrumenten políticas públicas con impacto en los municipios de honda influencia indígena, que permitan la inclusión lingüística sin ser excluidos.

Este exhorto se hizo a través de un dictamen emitido por la Comisión de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos, de un acuerdo propuesto por la diputada Catalina Apolinar Santiago, donde expone que tiene como propósito contribuir a la igualdad sustantiva y reforzar el Federalismo Colaborativo entre los órdenes de gobierno federal y estatal, para que la inclusión lingüística en Guerrero sea una realidad y que los pueblos y comunidades indígenas se aprecien en la vida cotidiana de la sociedad.

Y es que refiere que en pleno siglo XXI la discriminación lingüística hacia los pueblos y comunidades indígenas persiste como una preocupante realidad a pesar de los avances en el reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística, ya que aún existen profundas brechas y desigualdades.

 

“Esta Comisión Dictaminadora reconoce que las lenguas indígenas siguen siendo relegadas a espacios privados y comunitarios, en tanto que los idiomas español e inglés se expanden e imponen en los ámbitos públicos, educativos y laborales. Esta situación desde luego limita y discrimina el acceso de los hablantes de lenguas indígenas en sus derechos fundamentales, tales como su acceso a la educación, a la salud y a la justicia”, señala.

 

INICIATIVAS

La Mesa Directiva dio lectura al oficio signado por Evelyn Salgado Pineda, gobernadora constitucional del estado de Guerrero, mediante el cual remite la iniciativa por la que se reforman los artículos 28 y 29 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Guerrero. Fue turnada a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología.

El diputado Jhobanny Jiménez Mendoza (PVEM) remitió una iniciativa por la que se deroga la fracción XLXIX y se adiciona una fracción XLIX al artículo 61 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, con la intención de eliminar ambigüedades, para dar certeza jurídica y ajustando el contenido a los principios de legalidad, precisión normativa y seguridad jurídica. La Mesa Directiva dio lectura al oficio. Fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.

El diputado Aristóteles Tito Arroyo (Morena) presentó una iniciativa de reforma al artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, con el fin de reconocer la representatividad de las diputadas y diputados electos por mayoría relativa. Las diputadas Marisol Bazán Fernández y Guadalupe García Villalva, así como el diputado Pánfilo Sánchez Almazán se adhirieron a la iniciativa. Fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.

El diputado Jhobanny Jiménez Mendoza (PVEM) presentó una iniciativa por la que se reforma el artículo 308 segundo párrafo, se adiciona un artículo 310 Bis y se reforma el artículo 311 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Guerrero, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia en las comparecencias de servidores públicos, mediante la entrega de informes previos, su publicación digital y la creación de un mecanismo ciudadano en línea, promoviendo así la participación ciudadana. Fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.

La Mesa Directiva dio lectura al oficio signado por el diputado Jhobanny Jiménez Mendoza (PVEM), mediante el cual remite la iniciativa que reforma la fracción IX y adiciona una fracción X al artículo 14 de la Ley de Educación del Estado de Guerrero, con el propósito de fomentar en las escuelas públicas el uso correcto de las normas gramaticales y ortográficas del idioma español, así como de las lenguas indígenas. Fue turnada a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología.

El diputado Jesús Parra García (PRI) presentó una iniciativa de adición y reforma a la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, con el propósito de prevenir el grooming y otros delitos cibernéticos, promover el uso responsable de las tecnologías digitales y garantizar entornos virtuales seguros mediante la participación coordinada de autoridades, familias e instituciones educativas. Fue turnada a la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

 

La diputada Erika Isabel Guillén Román (PRD) presentó una iniciativa de reforma a la denominación del capítulo I del título tercero, se adiciona una fracción al artículo 5 y se reforma el artículo 9 de la Ley 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Guerrero, con el objetivo de distinguir y reordenar de manera clara los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, garantizando coherencia con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y los estándares internacionales. Fue turnada a la Comisión Para la Igualdad de Género.

 

El diputado Julián López Galeana (MC) presentó una iniciativa de reforma a diversas disposiciones a la Ley Número 912 de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, de la Ley 248 de Trabajo de los Servidores Públicos del

Estado y de la Ley Número 812 para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guerrero, con el propósito de garantizar el acceso universal, público y de calidad a los servicios de cuidado y atención infantil, mediante la creación de un marco legal que reconozca las estancias infantiles como un derecho social. Fue turnada a la Comisiones de Desarrollo Económico y Trabajo, y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

PROPONE DIPUTADO AMPLIAR FACULTADES DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA LA ATENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA

Boletín|Congreso del Estado|Chilpancingo, Gro.|21 de Octubre de 2025

El diputado Juan Valenzo Villanueva (Morena) propuso reformas a la Ley de Salud del Estado de Guerrero para ampliar las facultades de la Secretaría de Salud estatal en el diseño, implementación y coordinación de los programas integrales contra el Cáncer de Mama.

Al presentar la iniciativa, el legislador destacó que se busca garantizar el acceso gratuito, oportuno y con perspectiva de género a los servicios de prevención, detección temprana, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos, además de fortalecer la coordinación con las instituciones del Sistema Nacional de Salud y asegurar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.

Dijo que, aunque Guerrero mantiene una tasa de mortalidad por Cáncer de Mama por debajo del promedio nacional, persisten retos en materia de detección oportuna y atención, especialmente en las regiones más lejanas.

Además, reiteró la importancia de establecer un marco normativo sólido que permita al Estado actuar de manera integral y coordinada frente a esta enfermedad, contribuyendo a reducir la brecha de desigualdad y a mejorar la calidad de vida de las mujeres guerrerenses.

“Con esta reforma se busca consolidar una política pública de salud con enfoque humano y de género, que promueva la prevención, el acompañamiento médico y la atención digna a

todas las personas afectadas por esta enfermedad”, indicó Valenzo Villanueva.

La iniciativa de reforma a la fracción XIX del inciso A) del Artículo 19 de la Ley 1212 de Salud del Estado de Guerrero se turnó a la Comisión de Salud para su análisis y dictaminación

ANALIZAN PAGO DE TENENCIA VEHICULAR PROPORCIONAL EN BENEFICIO DE CONTRIBUYENTES EN GUERRERO

Boletín| Congreso del Estado|Chilpancingo, Gro.|20 de octubre de 2025.

El diputado Aristóteles Tito Arroyo, presentó una Iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda del Estado de Guerrero para establecer un esquema de pago proporcional y equitativo del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, ajustado al mes de adquisición, garantizando así el cumplimiento del principio constitucional de proporcionalidad tributaria.

 

Señaló como antecedente que en México, la tenencia apareció en 1961 y consiste en cobrar una cuota por circulación, a los propietarios de automóviles, ómnibus, camiones y tractores no agrícolas con independencia del uso que hagan, ya sea para vehículos de fabricación Nacional o importada.

 

Al haber sido un impuesto federal, por Decreto DOF 21-12-2007 se dejó la decisión de cobrar la tenencia a los estados, misma que se cobra en los primeros tres meses de cada año; sin embargo, existe una diferencia cuando la compra del vehículo se realiza después del primer mes del año, lo que se debe entender que no se debe pagar el impuesto total o completo, cuando se adquiere ya iniciado el año fiscal, lo que es inequitativo.

 

Precisó que la Ley de Hacienda del Estado de Guerrero en el artículo 73 se contempla la proporción de pago de manera trimestral, es decir, cada tres meses se debe pagar acorde a un factor que inicia con un punto y termina con .60, lo que es inequitativo, dado que no es lo mismo que se adquiera el

vehículo en octubre, donde el mismo se utiliza tres meses del año, a que si se adquiere en diciembre que solo se utiliza un mes y el impuesto se paga en un 60%, ya que el factor que se le aplica es de .60.

 

“Estamos conscientes que si bien el impuesto por tener un vehículo o tenencia vehicular es uno de los impuestos que más polémica ha causado en muchos estados como Guerrero, también lo es, que representa una de las fuentes de ingresos importantes para los Estados que siguen cobrándolo, y no hay que perder de vista que dichos ingresos son utilizados en la prestación de servicios a toda la ciudadanía, como el mantenimiento de las vialidades”, agrega.

 

Por ello, con esta propuesta el esquema proporcional corregiría la inequidad de que hoy quienes adquieren vehículos más tarde en el año paguen la tenencia de acuerdo al mes de adquisición, por ello consideró que “la Ley de Hacienda y las reglas del refrendo podrían modificarse para integrar este cálculo mes a mes”.

 

Esta Iniciativa fue turnada a la Comisión de Hacienda, para su estudio y dictamen correspondiente.

PROPONE DIPUTADA AGILIZAR PROCESO DE IDENTIDAD Y NACIONALIDAD MEXICANA PARA MENORES NACIDOS EN EL EXTRANJERO

Boletín|Congreso del Estado|Chilpancingo, Gro|19 de octubre de 2025

Para que las personas migrantes y sus hijos nacidos en el extranjero puedan obtener de manera ágil y efectiva pruebas de identidad y registro de nacionalidad mexicana, sin necesidad de legalización o apostilla de documentos emitidos en el extranjero, la diputada Citlali Yaret Téllez Castillo presentó una iniciativa de decreto de reformas a la Ley Número 495 del Registro Civil del Estado de Guerrero.

En la exposición de la iniciativa, que tiene el objetivo de garantizar su derecho humano a la identidad y a la nacionalidad, la legisladora resaltó que es fundamental que México garantice a connacionales repatriados todas las facilidades necesarias para realizar sus trámites legales y acreditar su identidad y nacionalidad, especialmente cuando sus hijos nacieron en el extranjero, quienes actualmente están siendo afectados por las nuevas políticas migratorias restrictivas en Estados Unidos.

Explicó que la iniciativa propone reformar el artículo 53 y derogar las fracciones primera y segunda de la Ley Número 495, a fin de garantizar que las personas migrantes cuenten con pruebas de identidad legal, evitando que sean invisibles para el Estado o caigan en situación de apatridia, que es la condición de una persona que no es reconocida como ciudadano por ningún país, lo que le impide tener una nacionalidad, y puedan participar plenamente en los procesos de regularización, reunificación familiar o retorno voluntario.

Además, se busca armonizar el marco jurídico estatal con las disposiciones federales, derivadas de la reforma aprobada por el Congreso de la Unión el 25 de octubre de 2023, que eliminó el

requisito de apostilla o legalización para registrar actas de nacimiento extranjeras y evitar los obstáculos que enfrentan las familias retornadas al intentar registrar a sus hijas e hijos ante el Registro Civil.

La diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena agregó que con la reforma se daría cumplimiento al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que toda persona tiene derecho a la identidad, y al artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce el derecho de toda persona a una nacionalidad.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación.

PROPONE DIPUTADA CAPACITACIONES PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS DE MUJERES VIOLENTADAS

Boletín| Congreso del Estado|Chilpancingo, Gro.|17 de Octubre de 2025.

Las Comisiones unidas Para la igualdad de Género y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Congreso del Estado analizan un exhorto a los 84 Ayuntamientos y al Consejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres para que capaciten a su personal y a la ciudadanía en general en materia de protección de datos personales de mujeres, adolescentes y niñas víctimas de violencia.

Lo anterior, a propuesta de la diputada Claudia Sierra Pérez, quien destaca que la protección de los datos personales de quienes viven en situación de violencia es crucial para garantizar su seguridad y dignidad, lo que implica implementar medidas estrictas de confidencialidad y seguridad para evitar que sus datos sean utilizados de manera indebida o para perpetuar la violencia en su contra.

“La protección de datos personales en estos casos no solo es una cuestión de cumplimiento legal, sino también un acto de respeto y compromiso con la integridad y el bienestar de las mujeres. Debemos trabajar para fortalecer los mecanismos de protección de datos y garantizar que las mujeres puedan acceder a servicios de apoyo y justicia sin temor a ser expuestas o revictimizadas”, dijo.

La legisladora refiere que la confidencialidad y el manejo adecuado de la información son fundamentales para romper el ciclo de violencia y permitir que las mujeres reconstruyan sus vidas con dignidad y seguridad.

Para ello, aseguró que es esencial generar mecanismos de protección y concientización tanto en servidores públicos como en la sociedad en general sobre el adecuado uso de los datos personales, especialmente en casos de violencia contra las mujeres, a través de capacitaciones, políticas claras y transparentes, así como sanciones efectivas para aquellos que violen la confidencialidad y privacidad de las mujeres en situación de violencia.

Por esa razón considera que es indispensable que las comunidades entiendan la importancia de cuidar y respetar los datos personales de quienes han sufrido violencia, generando así un entorno de respeto, sensibilidad y, sobre todo, seguro, por lo que es urgente que las autoridades municipales implementen acciones concretas sobre este tema.

PROPONE DIPUTADO INDEMNIZAR A PERSONAS AFECTADAS POR IRREGULARIDADES DEL GOBIERNO

Boletín|Congreso del Estado|Chilpancingo, Gro|16 de octubre de 2025.

Con la finalidad de garantizar que las y los ciudadanos reciban indemnizaciones justas y oportunas por daños a sus bienes o derechos derivados de la actividad administrativa irregular del Estado, el diputado Héctor Suárez Basurto presentó una iniciativa de decreto por la que se adiciona el Capítulo VIII “De la Previsión Presupuestal” que incluye los artículos 53, 54, 55 y 56 a la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado de Guerrero y sus Municipios.

Durante la exposición de motivos, el legislador explicó que la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado de Guerrero y sus Municipios representa un avance en el reconocimiento del derecho de las personas a ser indemnizadas por daños ocasionados por la actuación irregular de las autoridades. Sin embargo, señaló que su aplicación reciente ha evidenciado limitaciones debido a vacíos normativos, procesos burocráticos y falta de mecanismos claros para atender las reclamaciones.

Suárez Basurto destacó que la reforma busca fortalecer el marco jurídico estatal bajo los principios de responsabilidad objetiva y directa establecidos en el Artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual el Estado debe responder de manera inmediata por los daños ocasionados, sin necesidad de demostrar dolo o culpa del servidor público involucrado.

Subrayó que la reforma contempla la creación de una partida presupuestal específica dentro del gasto público para cubrir las indemnizaciones, así como la posibilidad de que los entes públicos contraten seguros de responsabilidad patrimonial, con

el objetivo de garantizar el pago oportuno a las personas afectadas.

Informó que, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) el 81.4 % de la población identificó los baches como el principal problema urbano en sus ciudades, indicadores que reflejan un deterioro generalizado de la infraestructura urbana y la necesidad de establecer mecanismos legales que permitan exigir compensaciones cuando los daños sean consecuencia de omisiones o negligencia gubernamental. “La ciudadanía no debe seguir pagando las consecuencias del abandono institucional”, sostuvo.

Finalmente, el legislador puntualizó que la iniciativa busca fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la ética pública, garantizando que los recursos destinados a la reparación de daños se apliquen con responsabilidad.

La iniciativa de reforma fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación.