Boletín| Congreso del Estado| Chilpancingo, Gro.| 29 de mayo de 2026.
El Congreso del Estado de Guerrero aprobó, por mayoría, las minutas para reformar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del Poder Judicial y para introducir una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera.
Al fundamentar los dictámenes, la diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez, presidenta de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, destacó que una de las modificaciones referentes a la elección del Poder Judicial es que la fecha se recorre de 2027 al 4 de junio de 2028, tanto a nivel federal como local.
Asimismo, informó que se crea la Comisión Coordinadora para homologar metodologías y criterios de evaluación de los Comités de Evaluación de los tres Poderes. Los comités de cada Poder elegirán, mediante examen, a la persona que coordine sus trabajos y a quienes integrarán dicha comisión.
También se reduce el número de candidatos para facilitar la elección, se simplifica la boleta electoral y el Tribunal de Disciplina realizará capacitaciones permanentes de forma obligatoria para todos los jueces y magistrados.
Destacó que, para el caso particular de Guerrero, se refuerzan los criterios para que se repliquen las reglas federales, incluyendo sus bases, etapas, procedimientos, términos, plazos, modalidades, requisitos y duración de cargos, entre otros temas.
En la discusión de este dictamen participaron las y los diputados María Irene Montiel Servín, Edgar Ventura de la Cruz, Jorge Iván Ortega Jiménez, Obdulia Naranjo Cabrera, Beatriz Vélez Núñez, Ana Lilia Botello Figueroa, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, Alejandro Bravo Abarca, Marisol Bazán Fernández y Carlos Eduardo Bello Solano.
Respecto al dictamen para incorporar la intervención extranjera como causal de nulidad de elecciones, la legisladora señaló que la democracia se sostiene cuando existe la certeza de que las decisiones del pueblo mexicano pertenecen exclusivamente a él. Advirtió que cuando intereses externos —ya sean gubernamentales, económicos, tecnológicos o incluso criminales— interfieren en una elección, no solamente se altera la competencia política, sino la soberanía nacional.
Manifestó que se viven tiempos inéditos porque las amenazas a la democracia ya no se limitan a la presión diplomática tradicional, sino que existen nuevas formas de intervención: financiamiento ilícito, campañas de desinformación digital impulsadas desde otros países, uso de plataformas tecnológicas para manipular la opinión pública, espionaje, propaganda encubierta y operaciones de influencia que buscan alterar la libre decisión ciudadana.
Por ello, afirmó que esta reforma busca garantizar que los comicios sean decididos únicamente por las y los mexicanos.
“La nulidad electoral no debe verse como una sanción política, sino como una garantía constitucional para preservar la integridad del sistema democrático. Si permitimos que una elección contaminada por injerencias extranjeras produzca efectos legales plenos, entonces estaríamos normalizando la vulneración de nuestra soberanía”, apuntó.
Para fijar su postura en este tema, intervinieron las y los diputados María Irene Montiel Servín, Edgar Ventura de la Cruz, Robell Uriótegui Patiño, María del Pilar Vadillo Ruiz y Luissana Ramos Pineda.
INICIATIVAS
La Mesa Directiva dio lectura a oficio signado por Evelyn Cecia Salgado Pineda, gobernadora del Estado de Guerrero, por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Guerrero, en materia de disciplina presupuestaria, no reelección legislativa, nepotismo electoral, paridad sustantiva e integración de los ayuntamientos. Fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.
ACUERDOS
El diputado Edgar Ventura de la Cruz, propuso exhortar al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que, instruya al personal a su cargo y realice operativos de vigilancia en las regiones de la Montaña y Costa chica, para verificar que la tala de árboles maderables se lleve a cabo de manera legal y de no ser así se inicien los procedimientos legales correspondientes y en su caso se apliquen las sanciones que conforme a derecho sean procedentes.
