Bernardo Torres/API
Ayutla de los Libres, Gro.
4 de Septiembre del 2020.-
En total abandono gubernamental y bajo amenaza de grupos de la delincuencia organizada sobreviven en un paraje del Municipio de Ayutla de los Libres, las más de 100 familias desplazadas de la comunidad de la Laguna, Municipio de Coyuca de Catalán.
Han sido más de siete años viviendo en pésimas condiciones, sin vivienda, agua potable, sin servicios de salud ni educación, además sin los apoyos prometidos por el entonces gobernador del Estado, Ángel Aguirre Rivero.
Obligados a huir de su pueblo en 2011 por el grupo armado entonces comandado por la familia Montúfar se refugiaron a la comunidad de Puerto las Ollas, en el Municipio de Petatlán durante dos años, en espera de que se restableciera la seguridad en la zona.
Con la promesa de que serían reubicados, se les construirían viviendas, se les dotaría de tierras para sembrar, proyectos productivos para reiniciar sus vidas, empleos, becas para los niños, salud y sobre todo seguridad, pero ninguna se cumplió.
Durante siete años sólo han sobrevivido en ese lugar, en junio de 2013, meses después de haberse instalado cerca de la comunidad de La Unión, fueron agredidos a balazos por el grupo que los desplazó, donde por fortuna fueron respaldados por la Policía Comunitaria de la UPOEG.
En diciembre de 2018, fue asesinado en la cabecera municipal de Ayutla, Constantino Díaz Pérez, quien se dedicaba a la reparación de motosierras, y desde entonces las amenazas de muerte no han cesado.
Hoy, siguen sin viviendas, y como han podidi han construido sus casas con adobes y madera, algunos rentan tierras para sembrar o se alquilan como peones, mientras las mujeres buscan acceder a proyectos como la elaboración de pan y artesanías para ayudar a su economía.
La exigencia al Gobierno Estatal y Federal se mantiene, y lamentan que sólo hayan sido utilizados para la creación de la Ley 487 sobre Desplazamiento Forzado Interno, y a pesar de ser los primeros desplazados en la entidad siguen en el abandono.
Al abandono gubernamental se suma la persecución, pues dos de sus compañeros se encuentran encarcelados por defender a sus familias de ataques armados, Gildardo Díaz Pérez preso en el Penal de Ayutla de los Libres y Ubaldo Santana Alonso preso en Coyuca de Catalán.
Las exigencias a las autoridades es que se cumpla con la Ley de Desplazamiento Forzado Interno, se garantice la educación a sus hijos, se restablezcan las medidas de seguridad ante las constantes amenazas, así como la libertad de los presos políticos.
Niños desplazados sin acceso a la educación
Quienes han pagado las peores consecuencias por el desplazamiento forzado de sus comunidades, son los niños, adolescentes y jóvenes, muchos de los cuales llegaron siendo bebés a su nuevo hogar, a quienes se les han negado todas las oportunidades, hasta la más elemental como la educación.
En el predio donde viven, no cuentan con escuelas a pesar de que hay cerca de 50 niños de los niveles de preescolar, primaria y secundaria, los jóvenes no pudieron estudiar la Preparatoria ni una carrera profesional.
Cuando había clases, acudían a escuelas de la comunidad de La Unión, pero ahora que son a distancia no tienen televisión, ni internet, algunos maestros les han dejado paquetes de copias que cuestan 38 pesos cada uno y por alumno deben comprar dos, por lo que pocos los pueden adquirir.
Yesenia, quien debería estar cursando el primer año de secundaria hizo el llamado a las autoridades educativas a voltear a verlos “no queremos aulas lujosas, queremos maestros y aunque sea debajo de este árbol vamos a recibir clases”.
Mariana Díaz Pérez, lamentó que los niños están llegando a la adolescencia y no hay oportunidades de estudio para ellos, y temen que corran la misma suerte que los jóvenes, quienes ahora sólo aspiran a trabajos de peones.
Los niños tienen sueños, como Yesenia que quiere ser pintora, o Rogelio que quiere ser músico, por lo que reclaman a las autoridades los saquen del abandono y cumplan las viejas promesas que hicieron a sus padres.
