Laura Santana

Boletín | DCS | Congreso del Estado
Chilpancingo, Gro.| 30  de junio de 2022.

Diputadas y diputados de la LXIII Legislatura aprobaron reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado para incluir la violencia obstétrica como toda acción u omisión de profesionales y personal de la salud, tanto del ámbito público como el privado, que cause daño o perjuicio físico, sexual, psicológico y de cualquier índole a las mujeres durante el embarazo, parto o puerperio.

El dictamen de la Comisión para la Igualdad de Género refiere que la violencia obstétrica se considera un tipo de violencia de género que evidencia relaciones de poder asimétricas entre el personal médico, especialmente en los hombres, con las mujeres, mismo que se ha normalizado tanto que las mujeres no son conscientes de que están siendo víctimas.

Abunda que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, algunas de las manifestaciones más comunes de este fenómeno son que a un 11 por ciento les gritaron o las regañaron; al 10.3 se tardaron mucho tiempo en atenderlas; al 9.9 las ignoraron cuando preguntaban cosas sobre su parto o sobre su bebé; al 9.2 las presionaron para que aceptaran colocarles un dispositivo o las operaran para ya no tener hijos; al 9.2 las obligaron a permanecer

en una posición incómoda o molesta, y al 7 por ciento les dijeron cosas ofensivas o humillantes.

Subraya, asimismo, que en el caso de Guerrero el 26.3 por ciento de los embarazos presentaron violencia obstétrica durante su atención, lo que evidencia la necesidad de atender el tema de manera integral.

Estas reformas establecen que la violencia obstétrica se refiere a toda acción u omisión de profesionales y personal de la salud de los ámbitos público y privado que cause daño o perjuicio físico, sexual, psicológico y de cualquier índole a las mujeres durante el embarazo, parto o puerperio, y que se exprese en la falta u obstaculización de acceso a servicios de salud sexual o reproductiva; trato discriminatorio y menoscabo a las mujeres; medicación sin contemplar el contexto particular de cada una de éstas, y práctica innecesaria, no autorizada ni consentida, y sin información suficiente de intervenciones o procedimientos quirúrgicos.

Además, la falta de acceso, manipulación o negación de información; las prácticas que violenten la intimidad de las mujeres a través de tocamientos o exhibiciones innecesarias a sus cuerpos; ausencia o falta de aplicación de protocolos de actuación, políticas públicas, reglamentos y acciones en espacios públicos dirigidas al cuidado de las mujeres en estas etapas y de aplicación de protocolos de actuación, políticas públicas, reglamentos y acciones en espacios públicos dirigidas al cuidado de las mujeres cuyos productos nacen muertos, entre otras.

Al razonar su voto a favor del dictamen, la diputada proponente de la iniciativa, Gloria Citlali Calixto Jiménez, de Morena, lamentó que este tipo de violencia se siga realizando a través de procedimientos quirúrgicos sin el consentimiento informado de las mujeres, lo que ha marcado de por vida a muchas guerrerenses.

Agregó que gracias a las mesas de trabajo en que se entabló comunicación horizontal con las ciudadanas que han vivido esta violencia, permitió retratar una realidad auténtica en la iniciativa,

esclareciendo conceptos y prácticas recurrentes en nuestro estado, definiendo rutas de acción junto a las activistas y generando que el dictamen de la Comisión para la Igualdad de Género quedara completamente enriquecido.

Reconoció, asimismo, el trabajo de todas y cada una de sus compañeras integrantes de este órgano legislativo, por su representación sustantiva y por sumarse al dictamen sin celos partidistas, permitiendo con ello que Guerrero se sume a más de la mitad de estados del país que visibilizan este tipo de violencia y abre la oportunidad de establecer una política pública integral tendente a la erradicación del problema.

Acuerdos y dictámenes                       

En la misma sesión, se aprobaron los dictámenes de reformas y adiciones a la Constitución Política del Estado de Guerrero; de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; de la Ley de Participación Ciudadana del estado; por el que se emite juicio en contra de Manuel Bustamante Blas, regidor del ayuntamiento de Teloloapan, para que desempeñe funciones docentes y edilicias; y del exhorto a los titulares de la Secretaría de educación del Estado y de la Dirección General del Tecnológico Nacional de México para que den solución al conflicto interno del Instituto Tecnológico Superior de la Costa Chica.

En una segunda sesión las y los legisladores aprobaron un acuerdo, propuesto por la Junta de Coordinación Política, para integrar la Comisión Especial encargada de expedir la convocatoria y oportunamente dictaminar sobre las candidaturas que se presenten para elegir al recipiendario de la Presea “Sentimientos de la Nación”.

También aprobaron los dictámenes de reformas y adiciones a la Ley Número 230 de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Guerrero; , por el que se reforma la Ley de Ingresos para el Municipio de Iguala para el

ejercicio fiscal 2022; donde se emite la opinión a la solicitud del ayuntamiento de Acapulco con motivo de su interés de reestructuración o refinanciamiento de la deuda pública a su cargo y el exhorto al ayuntamiento del municipio de Chilpancingo para que realice de manera urgente las acciones necesarias para atender las recomendaciones de monitoreo que establece el dictamen de riesgo, emitido por la Dirección de Sistemas de Información de Riesgos de la Secretaría de Protección Civil.