Juan Blanco | API Guerrero
Ayahualtempa, Gro.| 14 de junio de 2022
Otros 60 menores de edad de la comunidad indígena nahua de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera ubicado en la parte baja de la Montaña de Guerrero, serán preparados para tomar las armas y alistarse en las filas de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF).
Lo anterior, si el presidente Andrés Manuel López Obrador y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda no atienden sus demandas en materia de seguridad, educación, salud y obra pública, mismas que han venido planteando desde hace dos años con el propósito de que haya mejores condiciones de vida para su pueblo.
Marchan
Ayer, alrededor de las 12:50 del día se llevó a cabo una marcha en Ayahualtempa, en la que participaron unas 600 personas entre mujeres, adultos mayores, infantes que se levantaron en armas hace tres años, autoridades del comisariado municipal y policías comunitarios que conforman el Concejo de Gobierno Tradicional Indígena Nahua.
La marcha inició de la cancha de usos múltiples y recorrió las principales calles de la comunidad. En todo el trayecto, los manifestantes lanzaron consignas contra los tres niveles de gobierno. Por ejemplo, las niñas y niños gritaban: “Zapata sigue vivo, combate a ‘Los Ardillos’, si siguen secuestrando, les dará su merecido”.
Uno de los comunitarios que iba al frente cargaba en su mano izquierda la Bandera Nacional, mientras que con la derecha sostenía su escopeta colgada de su hombro. El resto también iban armados con rifles calibre 22, 18 y 12, mientras que algunos portaban armas cortas fajadas a su cintura.
Posicionamiento
Previo a su movilización, los policías comunitarios Luis Morales Rojas y Antonino Toribio Guzmán, leyeron un pronunciamiento en el que dijeron que hay asuntos pendientes con el gobierno estatal y federal, que tienen que ver con la la instalación de filtros de seguridad, uno en el crucero de Tlachimaltepec, y otro en el punto conocido como Postes Negros.
Y es que denunciaron que continúa el asedio por parte de “sicarios” de la célula criminal “Los Ardillos”, a quienes acusan de cometer desapariciones y asesinatos de policías comunitarios y civiles de Ayahualtempa.
El caso más reciente es el del estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Justino Tapia Rosendo, quien fue desaparecido el sábado 21 de mayo de este año cuando acudió a trabajar a Hueycantenango, cabecera municipal de José Joaquín de Herrera.
El joven fue encontrado muerto y su cuerpo desmembrado e incompleto el domingo 22 del mismo mes, entre las comunidades de San Marcos Cuitláhuac y Tlachimaltepec.
En su posicionamiento, también demandaron la construcción de un Banco del Bienestar en la comunidad para que los beneficiarios de los programas y becas federales puedan retirar sus apoyos ahí, puesto que en los traslados a Chilapa o Hueycantenango corren el riesgo de ser asaltados, incluso asesinados o desaparecidos.
Agregaron que había un compromiso de apoyar con vivienda a las 10 viudas de los músicos asesinados el 17 de enero de 2020 en el municipio de Chilapa, y de construir y equipar una casa de salud con médicos, enfermeras y medicinas, así como una unidad dental, pero que hasta el momento no se ha concretado nada.
Posicionamiento de un niño comunitario
Leonel Toribio Gaspar, uno de los niños comunitarios que desde hace tres años se integró a las filas de la CRAC, recordó en un posicionamiento que, en su conferencia matutina del 13 de abril del 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que atendería las necesidades de la comunidad, pero que es la fecha que no ha cumplido.
“No quiere que los niños tomen las armas, pero entonces… ¿Quién nos va defender?”, cuestionó.
Dijo que ese día el mandatario federal les pidió que estudiaran y se prepararan, pero llevan años pidiendo maestros y escuelas de Telesecundaria y Telebachillerato, pero sus peticiones tampoco han tenido eco.
Van autoridades
Antonino Toribio Gaspar informó que ayer acudieron autoridades estatales lideradas por el director de Gobernación Estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, quienes, a través de una minuta firmada, se comprometieron a que en dos semanas se estarán llevando a cabo las primeras acciones en materia de seguridad, programas sociales, salud, educación y vivienda.
También se comprometieron a mejorar la infraestructura de la comunidad con programas como Piso Firme, Techos, apoyos a mujeres en estado de vulnerabilidad, y becas para niños y niñas que estudian.
Ante los acuerdos pactados, dijo que le dieron un último voto de confianza a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, por lo que la emplazaron para que en un lapso de dos semanas se empiecen las labores de seguridad, así como obras para la localidad. En ese sentido, confiaron en que en el mes de diciembre del presente año haya finalmente resultados palpables.
Armarán a más niños
El Concejo de Gobierno Tradicional Indígena Nahua, advirtió que si las autoridades no les cumplen, otros 60 niños y niñas estarán siendo preparados para armarlos y enlistarlos en las filas de la Policía Comunitaria de la CRAC-PC-PF, “para defenderse de los ataques de Los Ardillos.
Se trata de infantes de 8, 13 y 14 años de edad, quienes se sumarían a los 18 niños que se levantaron en armas por primera vez en enero de 2020 en el poblado de Alcozacán, municipio de Chilapa de Álvarez, tras el asesinato de los 10 músicos.
