Periodico Informativo del estado de Guerrero
Boletín | DCS | Congreso del Estado | Chilpancingo, Gro | 09 de enero 2022
La diputada Jessica Iveth Alejo Rayo presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado de Guerrero para que se otorgue el Reconocimiento de Validación Oficial de Estudios (RVOE) a instituciones educativas privadas que cuenten con personal directivo, docente, técnico y de apoyo debidamente acreditados.
La reforma también contempla que previo al inicio de cada ciclo escolar, la autoridad educativa estatal publique en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en sus portales electrónicos la relación de las escuelas particulares a las que hayan concedido la validez, revocación o retiro del RVOE, así como aquellas que sean clausuradas.
La diputada indicó que de acuerdo con datos proporcionados por el Sistema Educativo nacional, durante el ciclo escolar 2019-2020 se registró un total de 36 millones 518 mil 712 alumnos, 31 millones 236 mil 953 de los cuales fueron para la educación pública y 5 millones 281 mil 759 a la educación privada.
Por su parte, la Secretaría de Educación Pública, durante el ciclo escolar 2020-2021, reportó que el Sistema Educativo en Guerrero representaba 1 millón 15 mil 226 en la educación pública y 51 mil 573 estudiantes en el sostenimiento privado.
Externó que, de acuerdo con las estadísticas, los padres de familia acuden a diferentes instituciones a inscribir a sus hijos para que cursen educación básica, media y superior, mismos que en muchas ocasiones no encuentran la opción adecuada que satisfaga sus expectativas, y en muchos casos porque no aprobaron los instrumentos de evaluación en alguna universidad pública o institución de educación superior.
Ante eso, Alejo Rayo reiteró la importancia de la reforma a la Ley de Educación para dar certeza jurídica y garantizar que los planes de estudios en las instituciones educativas privadas cuenten con la regulación correspondiente, para evitar incertidumbre en el proyecto de vida profesional del estudiante.
Esta Iniciativa de reforma a la Ley de Educación estatal fue turnada a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología para su respectivo análisis y dictaminación.
Boletín | DCS | Congreso del Estado | Chilpancingo, Gro | 09 de febrero de 2022
Este miércoles la Comisión Permanente aprobó un acuerdo parlamentario mediante el cual se instruye a la Junta de Coordinación Política para que ponga a consideración del Pleno los nombramientos de titulares de áreas administrativas y técnicas del Congreso del Estado
El acuerdo presentado por la diputada Susana Paola Juárez Gómez señala que para el buen funcionamiento del Poder Legislativo, aparte de las diputadas y diputados, es necesario contar con una estructura orgánica que se encuentra especificada en la Ley Orgánica, y cuyos nombramientos corresponde al Pleno aprobarlos.
Indicó la legisladora que lo anterior no se ha cumplido y esto conlleva a un vacío legal en el ejercicio de atribuciones, ya que la Secretaría de Servicios Parlamentarios se encuentra acéfala, el director del Instituto de Estudios Parlamentarios nombrado por la anterior legislatura no ha renunciado, y existen nombramientos de “encargados de despacho”, figura que no existe en la Ley Orgánica.
Por lo anterior, y para redireccionar al Poder Legislativo a la legalidad, solicitó que la Comisión Permanente instruya a la Jucopo para que ponga ya a la consideración del Pleno los nombramientos de los titulares de las secretarías de Servicios Parlamentarios y de Servicios Financieros y Administrativos, del Instituto de Estudios Parlamentarios “Eduardo Neri”, Dirección de
Comunicación, y de las unidades de Transparencia y Anticorrupción y Para la Igualdad de Género.
Intervenciones La diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez participó en relación a las mejoras administrativas necesarias para el combate a la violencia obstétrica, al ser una de las problemáticas más complejas que afectan a la sociedad guerrerense y que forma parte de la agenda nacional e internacional, debido a que no sólo se refiere al maltrato psicológico, sino que sus efectos repercuten en la tasa de muerte materna.
La legisladora refirió que esté problema requiere de una atención multidimensional y de coordinación entre las instancias correspondientes, a efecto de lograr un pleno entendimiento de la paciente, mejor infraestructura y un trato digno a personas embarazadas, sobre todo las que viven en pobreza y marginación, o pertenecen a grupos originarios y afrodescendientes.
