Bernardo Torres | API
San Miguel del Progreso, Guerrero.
11 de Julio de 2021
A pesar que Los Bienes Comunales de San Miguel del Progreso ganaron un amparo para evitar la explotación minera, persiste el hostigamiento de empresas mineras, pues en los últimos meses han visto sobrevolar aparatos (drones) sobre los cerros y comunidades.
Para sus habitantes, esto significa que las empresas que estaban involucradas en el litigio por la intención de abrir la mina “Corazón de Tinieblas” podrían insistir en esta batalla legal que las comunidades ganaron a grandes consorcios.
Ofelia Contreras Solano, quien cuando la lucha contra las empresas estaba en su auge luchó junto con su comunidad, siendo secretaria de la comisaria y señala que fueron momentos duros por el hostigamiento que sufrieron tanto de empresas y de cuerpos policiacos y militares.
“Esto es un claro hostigamiento, porque desde la distancia nos vigilan, no solo nuestras vidas y pueblos, sino nuestras tierras, nuestros minerales y nuestra agua”.
Destacó que para las comunidades indígenas no es sólo una lucha por los recursos minerales, sino por la vida, por la educación, la salud y el rescate de ñas tradiciones ancestrales que hay en estos lugares.
Contreras Solano, dijo que preocupa que las empresas no desistan de sus intenciones de explotar la tierra, que estén siendo vigilados al igual que sus procesos organizativos que aún mantienen para defender su territorio.
El 11 de junio de 2019 San Miguel del Progreso logró un amparo definitivo para evitar la explotación de su territorio, luego del que ya habían ganado también en 2017 apoyados por abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
En San Miguel del Progreso, la minera de origen peruano y capital británico Hochschild Mining pretendía poner en marcha el proyecto minero Corazón de Tinieblas y Reducción Norte de Corazón de Tinieblas, con el que pretendía extraer oro y plata en los municipios de Malinaltepec y Zapotitlán Tablas.
Desde 2010 los ejidos y bienes comunales que se verían afectados empezaron la batalla que en 2019 se vio coronada con un amparo que lograron aún en contra de dependencias gubernamentales como la Secretaría de Economía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
