Juan Blanco | API
Chilpancingo, Gro.
15 de Junio de 2021
El gobierno municipal que preside el perredista Antonio Gaspar Beltrán perdió casi 100 millones de pesos por no lograr avanzar en el proceso de certificación y confianza de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, el año pasado.
Lo anterior lo dio a conocer la alcaldesa electa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, con base en un pre-diagnóstico que, indicó, realizó recientemente su equipo que estará al frente de la nueva administración a partir del próximo 30 de septiembre.
Entrevistada este día, la ex diputada local precisó que los recursos perdidos son los que hasta el año pasado, subsidiada el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) del gobierno federal.
Ante esta situación, dijo que el trabajo que les corresponde realizar durante el trienio es el de generar una corporación que logre pasar la certificación y confianza establecido por el sistema de seguridad federal, y con ello poder recuperar recursos humanos para la seguridad en este municipio de la región Centro.
Para ello, reveló que ya inició con las primeras reuniones con la gobernadora electa Evelyn Salgado Pineda y con funcionarios en la materia del gobierno federal, y que ya establecieron algunas rutas para ello.
“Un tema que ya he platicado con la gobernadora, es que yo voy a asumirme en los requisitos que se plantean para certificación de policías en buenas condiciones, en las herramientas necesarias, que verdaderamente la secretaría de seguridad no será un elefante blanco, que vamos a cumplir con lo que nos mandan los estándares y los requisitos del gobierno federal”, le aseguró.
En ese mismo sentido, dijo que contactos federales le han revelado que se pretende instalar una base de operaciones de la Guardia Nacional en el corredor de El Ocotito, que ha sido escenario de varios hechos de violencia, y que para ello el pueblo ya les donó terrenos para su construcción.
Reconoció que otro de los problemas que persisten en el municipio, exactamente en el corredor de El Ocotito, es la presencia de grupos de civiles armados que hacen funciones de policías comunitarias, sin embargo, advirtió que estos tendrán que ajustarse a lineamientos legales y coordinar trabajos con las corporaciones oficiales.
“Ellos nos han dicho que no van a retirarse hasta que tengan seguridad, entonces nosotros les ofrecemos coordinación y principalmente tendrán que respetar la ley”, les dijo.
