Juan Blanco | API
Chilpancingo, Gro.
22 de Abril de 2021
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se dijo preocupada por la violencia provocada por células criminales que se disputan la tala ilegal de recursos maderables en la sierra de los municipios de San Miguel Totolapan y Coyuca de Catalán, y que ha dejado a cientos de familias desplazadas, diversos homicidios y desapariciones.
Por lo anterior, hizo un llamado urgente a las autoridades competentes para que atiendan y brinden protección, seguridad y defensa amplia e inmediata a los habitantes de esa zona de la Tierra Caliente de Guerrero, pero en específico a los de las comunidades Guajes de Ayala y Ciénega de Puerto Alegre.
En un comunicado, el organismo dijo que ha tenido conocimiento de dos casos emblemáticos en contra de personas activistas defensoras ambientalistas y sus familiares, cometidos por grupos de la delincuencia organizada “que reflejan la situación de violencia crítica que viven pobladores de las comunidades de los referidos municipios”.
Se trata, recordó, de los relativos al homicidio del señor Carlos Márquez Oyorzábal, quien también se desempeñaba como comisario municipal del poblado Las Conchitas en el municipio de San Miguel Totolapan, ocurrido el pasado 3 de abril, y la desaparición del señor Elías Gallegos Coria y de su hijo Fredi Gallegos García, suscitado el 16 de octubre de 2020, en el poblado El Perro, del municipio de Coyuca de Catalán, quienes participaban activamente en la defensa de sus bosques.
Sin embargo, reprochó el hecho de que en ambos casos las familias de las víctimas aún no tengan respuesta a su demanda de justicia por parte del gobernador Héctor Astudillo Flores y de la Fiscalía General del Estado, “no obstante se tiene conocimiento de que las autoridades competentes detuvieron a Víctor Espino Cortés, ex vocero de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, junto con otras dos personas, por su probable responsabilidad en los hechos (la desaparición de Elías Gallegos y de su hijo), pero al parecer lo dejaron salir, sin haber realizado las diligencias necesarias”.
Recordó que derivado de ello, la señora y esposa de Elías Gallegos, Elvira García y su familia tuvieron que abandonar su domicilio, “pero los demás pobladores de Guajes de Ayala permanecen en el lugar sin comida y a expensas de la delincuencia organizada”.
Lo anterior, pese a que los habitantes de dicha comunidad solicitaron en su momento seguridad en la zona, la activación del Mecanismo de Búsqueda para localizar a Elías Gallegos Coria y su hijo Fredi Gallegos García, ayuda humanitaria para cubrir las necesidades alimenticias de la población, debido a que justamente por estos hechos de violencia no pueden salir de su comunidad, y atención debida a las personas desplazadas.
La CNDH recordó que tras el asesinato de Oyorzabal Márquez, presuntos miembros de la delincuencia organizada también amenazó con matar a su familia y desmembrar sus cuerpos como lo hicieron con él, por lo que solicitó el apoyo a las autoridades y comida porque se les había agotado.
Dijo que ante el llamado, el pasado 08 de abril del presente año representantes del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos y autoridades del gobiernos federal y estatal acudieron a Hacienda de Puerto Alegre a donde llevaron alimento y medicamentos, pero no les brindaron atención médica psicológica, “por el estado de crisis que generó la muerte del comisario municipal”.
Dijo que en dicho lugar también se llevó a cabo una reunión en la que se elaboró una minuta, en la que los habitantes solicitaron la instalación, de manera inmediata, una base de la guardia nacional en Agua Escondida, se les brinde la seguridad que requieren, se realice, antes de que finalice el presente mes, una reunión interinstitucional en el Duraznito.
Además, solicitaron una reunión en la zona con el titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, para poner en Marcha el Plan de Paz y Desarrollo en las comunidades de la Sierra de San Miguel Totolapan.
Por lo anterior, la CNDH “hace un llamado urgente a las autoridades federales competentes para que, atiendan las solicitudes y brinden protección, seguridad y defensa amplia e inmediata a los habitantes de dichas comunidades ejidales Ciénega de Puerto Alegre, en el municipio de San Miguel Totolapan y de Guajes de Ayala, en el municipio de Coyuca de Catalán”.
Al gobernador Héctor Astudillo Flores, a su secretario de Seguridad Pública de Guerrero, David Portillo Menchaca y al titular de la Fiscalía General del Estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, los exhortaron para que, “sin demora”, “realicen todas las investigaciones necesarias para que se esclarezcan los hechos sucedidos, y sé de castigo a los responsables, así como la reparación integral del daño a familiares de las víctimas”.
