Estatal

 

IPAS México, organismo que pugna por derechos de las mujeres, se pronunció en contra de la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero y en contra de la minimización del caso por las autoridades.

 

A través de un comunicado, recordó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y garantiza los derechos de las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos, estableciendo que es obligación del Estado promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y debe proporcionar mecanismos para prevenir, investigar, sancionar y reparar el dano. 

 

Insisitió que en 1994 el Estado mexicano se comprometió a reconocer el derecho de las mujeres a tener una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.

 

Al firmar el tratado interamericano de la “Convención de Belém do Pará” el Estado Mexicano condenó todas las formas de violencia contra la mujer y en donde se comprometió a adoptar políticas y medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar estas formas de violencia. 

 

No obstante, el pasado 15 de febrero Félix Salgado Macedonio se registró como candidato a gobernador de Guerrero por Morena ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) a pesar de estar en medio de dos investigaciones: una de la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de violación contra una ex companera de trabajo en 2016 y la otra de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido Morena, que podría separarlo de la contienda. 

 

La organización manifiesta que en la Ley General de Víctimas el Estado reconoce la existencia de grupos de población con mayor vulnerabilidad, como las ninas y mujeres, y señala que existen daños que requieren de una atención especializada y, por ello, las autoridades deben brindar garantías especiales y medidas de protección. 

 

Sin embargo, en diversas ocasiones, una denunciante ha manifestado públicamente el sentir miedo, haber sido revictimizada en las investigaciones y temer represalias en caso de que Salgado llegue a la gubernatura, así como temor de que más mujeres sean violentadas por el senador con licencia. 

 

De acuerdo con el Artículo 20 de la Constitución, las víctimas de un delito tienen derecho a recibir atención médica y psicológica de urgencia, a la reparación del dano, al resguardo de su identidad; a solicitar las medidas cautelares necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y a impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. 

 

Además, dice, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia indica que los tres órdenes de gobierno están obligados a prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar el dano que se inflige a las mujeres, quienes deben ser valoradas libres de estereotipos de comportamiento y prácticas basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. 

 

Ante ello estipula que las víctimas de cualquier tipo de violencia tienen derecho a ser tratadas con respeto a su integridad y al ejercicio pleno de sus derechos; contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades y contar con un refugio, mientras lo necesite. 

 

Reprochan que pesar del amplio marco legal y normativo, el desconocimiento de servidores públicos para actuar con perspectiva de género ha provocado graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres “Las obligaciones del Estado no pueden quedar en papel”. 

 

Finalmente señala que las denunciantes contra Félix Salgado merecen el respeto de la ciudadanía y de las autoridades. No es de “ya chole”, el caso es de suma importancia y amerita una investigación oportuna y expedita pues el país que tiene altos niveles de feminicidios y violencia contra las mujeres no puede permitir que una persona acusada de violación aspire a ser gobernador.