BOLETÍN|DCS
Chilpancingo, Gro.
8 de julio del 2021.
La diputada Celeste Mora Eguiluz presentó una iniciativa de reformas y adiciones al Código Civil del estado en relación con los contratos inmobiliarios derivados de programas de gobierno, a efecto de que puedan otorgarse en documentos privados sin requisitos de testigos ni ratificación de firmas, y puedan ser inscritos como patrimonio de familia, beneficiando la regularización inmobiliaria e incentivando la captación de recursos originados por el cobro del impuesto predial.
La diputada de Morena refiere que la propuesta en mención se debe a la necesidad de atender y resolver la problemática de la incapacidad recaudatoria de los municipios, la cual debiera ser base para garantizar la sustentabilidad de sus finanzas. Sin embargo, expuso que la realidad es que dependen de las participaciones y aportaciones del orden federal para enfrentar su gasto público.
Por ello, externó que con la reforma se pretende restructurar el ordenamiento para que funcione como base de la escrituración social, que otorgue beneficios y facilidades de los gobiernos estatal y municipal, fortaleciendo un sistema de incentivos fiscales para aquellas operaciones de transmisión inmobiliaria que por primera vez se inscriban en los padrones de contribuyentes.
Mora Eguiluz reiteró que es necesario que esta LXII Legislatura establezca mecanismos para los incentivos fiscales, mediante la cancelación del pago de derechos estatales y municipales relacionados a las operaciones inmobiliarias, para promover su inscripción en las bases catastrales.
Dicha propuesta fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y emisión del dictamen correspondiente.
Dictámenes
En la misma sesión, las y los legisladores aprobaron la renuncia de Esteban García García al cargo y funciones de síndico procurador del Ayuntamiento de Chilapa, tras lo cual rindió protesta al cargo de presidente del mismo municipio.
Asimismo, se aprobaron los dictámenes por lo que no se admiten y se declaran improcedentes las denuncias de juicio de responsabilidad política en contra del presidente y síndica del municipio de Igualapa, así como de distintos servidores públicos de los ayuntamientos de Marquelia, Pilcaya, Atlixtac, San Marcos, Tlapa y Taxco, y contra la Jueza Quinta de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares e Integrantes del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial.
También se declararon improcedentes las solicitudes de autorización de partidas especiales de recursos y obtención de empréstitos presentadas por los ayuntamientos de Tixtla, Coyuca de Benítez, Leonardo Bravo y Cutzamala para el pago de laudos laborales y sentencias emitidas por la autoridad competente.
