Antonio Julian Chepe

PIDE DIPUTADO A PROFECO SUPERVISAR SERVICIO DE GRÚAS EN LA MONTAÑA Y COSTA CHICA PARA EVITAR ABUSOS AL CONSUMIDOR

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Boletín|Chilpancingo, Gro.|30 de abril de 2025.-

Con el objetivo de garantizar los derechos de los consumidores de la regiones Montaña y Costa Chica del Estado, el diputado Edgar Ventura de la Cruz, propuso exhortar al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) para que instruya a su personal a realizar operativos de revisión en las empresas del servicio de grúas, se constate que tengan a la vista las tarifas, se verifique si los precios no violentan los derechos de los consumidores, y en caso de encontrar irregularidades iniciar los procedimientos administrativos y aplicar las sanciones correspondientes.

En la sesión de este miércoles, el legislador presentó dicho exhorto señalando que un servicio que no tiene control en sus cobros es el de grúas particulares, ya que al no tener a la vista las tarifas para los usuarios, los propietarios cobran altos precios, lo que repercute altamente en la economía de la ciudadanía, sobre todo de los comerciantes de esas zonas.

El legislador explicó que el artículo 20 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que la Profeco tiene funciones de autoridad administrativa y está encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

Sin embargo, refiere que el servicio de grúa que se presta en estas regiones ha generado malestar entre la ciudadanía, que ha manifestado que existe un aumento desproporcionado de los precios, señalando que no les queda otra opción más que

soportar estos incrementos ya que no se regulan las relaciones entre proveedor y consumidor.

En ese sentido, consideró que al no existir oficinas de la Profeco en las regiones Montaña y Costa Chica, hay una constante violación a los derechos de los consumidores de productos o servicios, por lo que es necesario e indispensable que esta dependencia realice, a través de su Delegación Estatal, operativos permanentes para sancionar a los proveedores de bienes y servicios, en particular a los del servicio de grúas, para que pongan a la vista del público los precios de sus servicios y no hagan cobros excesivos.

*Acuerdo*

El diputado Héctor Suárez Basurto (Morena) presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, así como a Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), para que reubiquen la caseta de cobro de Palo Blanco a la localidad de Tierras Prietas, municipio de Chilpancingo, Guerrero. Fue turnado a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

PROPONE EN EL CONGRESO QUE DEPENDENCIAS ESTATALES Y AYUNTAMIENTOS TRABAJEN CONTRA CONDUCTAS PATRIARCALES EN LA MONTAÑA DE GUERRERO

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Boletín|Chilpancingo, Gro.| 29 de abril de 2025.-

La diputada Catalina Apolinar Santiago (Morena) propuso exhortar a las y los titulares de las secretarías para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, de Educación Guerrero, de la Mujer y de la Juventud y la Niñez, del Gobierno del Estado, a coordinarse y realizar talleres, conversatorios, programas educativos y de salud, cursos de capacitación y concientización para niñas, niños, adolescentes y mujeres, principalmente de la región Montaña Alta, para prevenir, sancionar y erradicar viejas prácticas patriarcales que denigran a las personas y a los pueblos.

 

El exhorto, al que se adhirió el Grupo Parlamentario de Morena a petición de su coordinador, diputado Jesús Uriostegui García, se turnó a las Comisiones Unidas de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y Para la Igualdad de Género, y destaca que las mujeres de la montaña alta de Guerrero, enfrentan todavía distintas manifestaciones de violencia como la desigualdad económica, falta de oportunidades, empleo, educación, entre otras.

 

Refiere la legisladora que ante el racismo, prejuicios históricos, discriminación lingüística, marginación socio-económica, violencia, despojo territorial, se suma la discriminación institucional por omisión, en algunas ocasiones.

 

Por eso, señala que se debe superar la discriminación garantizando los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, con compromiso firme y sostenido, por parte de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad, combatiendo las causas estructurales de la desigualdad y promoviendo una cultura de respeto a la diversidad y a la inclusión.

 

“La región de la montaña alta enfrenta desafíos ancestrales y significativos en cuanto a acceso a la información y servicios básicos, los que aumentan la vulnerabilidad en todos los sentidos”, apuntó.

 

Por ello, propuso que las secretarías mencionadas y los Ayuntamientos realicen la implementación de talleres, pláticas, conversatorios y programas educativos y de salud, en la región de la montaña alta de Guerrero para empoderar a estos pueblos y comunidades indígenas garantizando sus derechos y libertades, para prevenir, sancionar y, en su caso, erradicar viejas prácticas de corte patriarcal.

 

*Intervenciones*

El diputado Joaquín Badillo Escamilla intervino con el tema “México comprometido con la Cuarta Transformación”, el diputado Alejando Bravo Abarca, habló sobre el tema.

 

La diputada Araceli Ocampo Manzanares habló sobre el “Plan Nacional de Desarrollo”.

La diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez, intervino sobre “La Importancia de la Participación de los Gobiernos Municipales en el Proceso Legislativo”.

ANALIZAN REFORMAS PARA PROTEGER INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR EN CASOS DE ALIENACIÓN PARENTAL

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Boletín| Chilpancingo, Gro.| 28 de abril de 2025.-

Para proteger el principio del interés superior del menor y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, el Congreso del Estado analiza la iniciativa presentada por la Diputada Guadalupe García Villalva, de reformas, adiciones y derogaciones al Código Civil del Estado de Guerrero, donde propone revisar y analizar la figura de la alienación parental, y evitar que su aplicación automática cause la suspensión o pérdida de la patria potestad.

En la iniciativa, propuesta por la diputada Guadalupe García Villalva, se menciona que en el marco legal civil se establece que la alienación parental es considerada como “violencia familiar”, estableciendo como delito los hechos en los que un progenitor manipula la conciencia -psique- de un menor para alejarlo o impedirle la convivencia con la otra persona progenitora, y, en consecuencia, es causa para que un Juez pueda decretar la suspensión o hasta la pérdida de la patria potestad.

Sin embargo, explica que existen criterios jurídicos que afirman que aplicar jurisdiccionalmente de manera literal el concepto de alienación parental trae consigo una violación al derecho de los menores de edad, al negársele vivir o convivir con alguno de sus progenitores.

Por ello, ante los recientes criterios jurisprudenciales que se han investigado a través del derecho comparado, la diputada propone que se haga un estudio respecto de la implicación que tiene el párrafo segundo del artículo 27 Bis del Código Civil del Estado, principalmente su aplicación en la configuración de

“violencia familiar” y sus efectos en la pérdida y/o suspensión de la patria potestad.

“Esto debe atenderse bajo el más amplio criterio de protección de los derechos humanos y de la convivencia entre padres e hijos, pero sobre todo, como lo ha señalado el máximo tribunal en el país, que se debe atender a la progresividad de adaptabilidad de la persona menor de edad, al momento de resolver sobre la patria potestad a favor de cualquier progenitor”, dijo la legisladora.

Por ello, estas modificaciones permitirán que el juzgador analice las circunstancias específicas de cada caso y, si se acredita alguno de los hechos que eviten la convivencia entre la persona menor de edad y su progenitor, pueda modificar las condiciones bajo las cuales se otorgó la guarda y custodia, así como lo relativo a la patria potestad, evitando que se elimine toda posibilidad de que el progenitor referido conviva con el o la menor de edad.

AYUNTAMIENTOS DEBERÁN CUMPLIR CON PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO EN SU INTEGRACIÓN

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Boletín| Chilpancingo, Gro.| 25 de abril de 2025

 

Para garantizar la implementación efectiva del principio de paridad de género en los Ayuntamientos, sustituyendo el término “observando el principio de paridad” por “en cumplimiento al principio de paridad”, diputadas y diputados aprobaron reformas a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.

En un dictamen que emitió la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, a partir de una propuesta de la diputada Gladys Cortés Genchi, se destaca que esta modificación ayudará a contar con una administración municipal más equitativa, inclusiva y representativa, aumentando la confianza y legitimidad de las instituciones locales.

Y es que refiere que la Constitución Política establece la igualdad entre hombres y mujeres y que “La adaptación de la Ley Orgánica a los estándares internacionales y nacionales en igualdad de género es crucial para cumplir con las obligaciones internacionales de México, por lo que con esta reforma se garantizará que los Ayuntamientos actúen en conformidad con los principios constitucionales y tratados internacionales, promoviendo una administración local que refleje los valores de equidad y justicia social”.

Además, menciona que la integración paritaria en los Ayuntamientos es esencial para garantizar una representación equitativa de género en la administración pública, por lo que se contribuirá a una participación equilibrada de mujeres y hombres en cargos de decisión, lo cual es fundamental para reflejar adecuadamente las diversas perspectivas de la población.

En el dictamen, que fundamentó el diputado Héctor Suárez Basurto, presidente de la Comisión de Asuntos Políticos y

Gobernación, señala que la inclusión de mujeres en posiciones de liderazgo no solo promueve la justicia social, también mejora la calidad de la toma de decisiones al incorporar diferentes puntos de vista y experiencias.

EXHORTA EL CONGRESO AL TSJ A INFORMAR APLICACIÓN DE LA LEY DE AMNISTÍA Y BENEFICIARIOS CON LA LIBERACIÓN

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Boletín| Chilpancingo, Gro.| 24 de abril de 2025.

El Congreso del Estado de Guerrero aprobó un exhorto al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado para que informe, en un plazo de 15 días hábiles, si existen personas pertenecientes a pueblos indígenas o afromexicanos que hayan sido beneficiadas con la Ley estatal de Amnistía, los tipos penales por los que se han liberado y el género de los beneficiarios.

 

Esto, en un dictamen que emitió la Comisión de Justicia derivado de una propuesta realizada por el diputado Edgar Ventura de la Cruz (PT), donde se menciona que el propósito es conocer la funcionalidad o aplicación de la Ley de Amnistía del Estado de Guerrero, publicada en el 2024, y que tiene como objetivo ayudar a todas aquellas personas que estén sujetas a proceso o bien sentenciadas por delitos menores.

 

Refiere que este ordenamiento tuvo como propósito fundamental ayudar a los individuos integrantes de pueblos indígenas y afromexicanos, mujeres, campesinos y personas de escasos recursos, quienes por falta de recursos económicos no habían tenido acceso a la justicia y buscaba con el pleno respeto de los derechos de la víctima, liberar a todas estas personas.

 

En el dictamen que fundamentó el diputado Carlos Eduardo Bello Solano, en su calidad de presidente de la Comisión de Justicia, se destaca que la amnistía no es un pase a la impunidad, sino por lo contrario, con pleno respeto de los derechos humanos y con exacta aplicación de los mecanismos de liberación busca restituir a quienes, bajo un estado social desfavorable puedan

gozar de su libertad, además de que se garantizan los derechos de las víctimas como es la reparación de daños.

 

“La amnistía procura reducir una brecha de desigualdad para los individuos que se encuentran en condiciones que no les permiten contar con una defensa adecuada o bien para cubrir la fianza o garantía económica y acceder a su libertad provisional, además es un instrumento jurídico que concede el perdón por la realización de actos delictivos a aquellas personas pertenecientes a grupos sociales en estado de vulnerabilidad y busca restituirles derechos por la desigualdad económica o social en la que se encuentran inmersos”, señala.

 

Por ello, en aras de conocer la funcionalidad de este ordenamiento jurídico o bien saber de su aplicación, y con pleno respeto a la división de poderes, se solicita al Presidente del TSJ que informe al Congreso, en un plazo de 15 días hábiles, si existen personas pertenecientes a pueblos indígenas o afromexicanos que hayan salido beneficiados con dicha Ley, los tipos penales por los que se han liberado, y el género de los beneficiados.

APRUEBA LA LXIV LEGISLATURA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DIGITAL

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Boletín| Chilpancingo, Gro.|23 de abril de 2025.-

Diputadas y diputados aprobaron adiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Guerrero para garantizar la protección de los datos personales de las mujeres víctimas de violencia digital, evitando su difusión y uso indebido.

Al fundamentar el dictamen, la diputada Leticia Mosso Hernández, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género y promovente de esta propuesta, resaltó que lo que se busca es prevenir la revictimización y proteger la privacidad, integridad y seguridad de las afectadas, estableciendo medidas de confidencialidad en la atención institucional y sanciones para quienes vulneren esta protección.

En el dictamen se menciona la importancia de atender cualquier tipo de violencia contra las mujeres, ya que no es un fenómeno aislado o circunstancial, y advierte que divulgar datos personales de mujeres víctimas de violencia las coloca en un mayor estado de indefensión, por lo que debe existir una sanción para la persona que proporcione o difunda dicha información ya que tiene la obligación de mantener su secrecía.

Además, señala que esta acción revictimiza a las mujeres porque al exponer su identidad se pone en riesgo su seguridad física y genera consecuencias psicológicas, emocionales y sociales para las víctimas, limitando el pleno goce y disfrute de sus derechos humanos.

Con las adiciones a la fracción XVII al artículo 8, un tercer párrafo al artículo 9 Bis y la fracción XV al artículo 59 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado se establece que se debe garantizar la confidencialidad de los datos personales de las mujeres víctimas de violencia y evitar

transferencia de registros de sus datos personales en todos aquellos libros, archivos, expedientes u otros sistemas, físicos o digitales, que puedan ser susceptibles de apropiación de la información por parte de terceros.

La persona servidora pública a cargo del manejo y consignación de datos personales de mujeres víctimas de violencia será responsable de su conservación, confidencialidad y resguardo, y si los difunde o facilita será sancionado conforme a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero en Posesión de Sujetos Obligados, el Código Penal para el Estado y la Ley de Responsabilidad Política, Penal y Civil de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.

Asimismo, estos datos tendrán el carácter de reservados, tal como lo señalan la Leyes en la materia y las instituciones públicas que brindan servicios de prevención y/o atención a las mujeres víctimas de violencia; deberán reservar los datos personales y brindarán servicios de prevención y de atención a mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia, protegiendo en todo momento los datos de las usuarias, sus hijas e hijos.

Iniciativas

La diputada Leticia Mosso Hernández (PT) presentó una iniciativa de Ley de Fomento a la Lectura y el Libro del Estado de Guerrero, con el objetivo de impulsar el hábito de la lectura y la escritura como herramientas de inclusión, educación y desarrollo cultural, mediante políticas y acciones que promuevan el acceso equitativo a los libros, el fortalecimiento de bibliotecas, la protección de la industria editorial, el apoyo a autores locales y la atención especial a zonas rurales y personas con discapacidad, todo ello en coordinación con los sectores públicos, sociales y privados. Fue turnada a las Comisiones Unidas de Cultura y Educación, Ciencia y Tecnología.

El diputado Héctor Suárez Basurto (Morena) presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Registro Civil del Estado de Guerrero, para que se amplíe el plazo legal para registrar una defunción sin necesidad de juicio, pasando de seis a doce meses, con el propósito de garantizar el derecho a la identidad post mortem. Fue turnada a la Comisión de Justicia.

La diputada Guadalupe García Villalva (Morena) presentó una iniciativa de reforma al Código Civil del Estado de Guerrero para que se revise y analice la figura de la alienación parental como causal de violencia familiar, a fin de evitar que su aplicación de manera automática derive en la suspensión o pérdida de la patria potestad en perjuicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y garantizando en todo momento el principio del interés superior del menor. Fue turnada a la Comisión de Justicia.

El diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón (Morena) presentó una iniciativa de reforma y adición a la Ley de Propiedad en Condominio para el Estado de Guerrero, para establecer mecanismos que garanticen el cumplimiento justo y equitativo de las obligaciones financieras de los condóminos, se promueva la transparencia en el manejo de los recursos comunes y se fortalezcan los procesos de rendición de cuentas por parte de los administradores. Fue turnada a la Comisión de Vivienda.

La diputada Diana Bernabé Vega (Morena) presentó una iniciativa de adición a la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y a la Ley del Sistema de Seguridad Pública, ambas del Estado de Guerrero, para que se prohíba la comercialización, promoción, uso y exhibición de juguetes con características bélicas o que simulen armas reales, con el fin de prevenir la normalización de la violencia desde la infancia y fomentar una cultura de paz y respeto en la niñez. Fue turnada a las Comisiones Unidas de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y de Seguridad Pública.

La diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez (Morena) presentó una iniciativa de reforma y adición a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Guerrero para fortalecer legalmente la participación de la ciudadanía en el mantenimiento, conservación y protección de los espacios públicos, como parques, jardines y centros comunitarios, en corresponsabilidad con los tres niveles de gobierno.

Además, se plantea que el mantenimiento de los espacios existentes tenga la misma jerarquía que la creación de nuevos, y que los comités vecinales sean agentes clave en los procesos de planeación, intervención y vigilancia de estos espacios. Fue turnada a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

PROPONE DIPUTADA FORTALECER MARCO JURÍDICO CONTRA VIOLENCIA FAMILIAR

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Boletín|Chilpancingo, Gro.|22 de abril de 2025.-

La diputada Luissana Ramos Pineda (Morena) propuso adicionar el Código Penal del Estado para fortalecer el marco legal en materia de violencia familiar, reconociendo todas sus formas: física, psicoemocional, sexual, económica, patrimonial y contra los derechos reproductivos, ampliando el concepto de relación familiar y de hecho, e incorporando sanciones más severas, medidas de protección y tratamientos especializados para personas agresoras, estableciendo de manera específica y ampliada a los sujetos activos del delito, con el objetivo de garantizar a las víctimas, principalmente mujeres, el derecho humano a vivir libres de violencia.

En su propuesta de adición y modificación del delito de violencia familiar y violencia familiar equiparada contemplada en los artículos 198 y 200 del Código Penal del Estado, la diputada expresa que las violencias contra las mujeres, niñas y adolescentes, es una forma de discriminación que les impide disfrutar de derechos y libertades en igualdad de condiciones con los hombres.

Dijo que las conductas violentas entre los miembros de la familia, principalmente contra mujeres, tienen que ser limitadas y sancionadas por el Estado, ya que provoca consecuencias graves como depresión, trastornos de estrés postraumático, de personalidad, ansiedad, uso de sustancias ilegales, del sueño, alimentación y hasta suicidio.

Por ello, “en el ámbito de justicia a través de las resoluciones judiciales se debe visibilizar y sancionar la violencia familiar reconociéndola como una de las más graves violaciones a la dignidad y a los derechos humanos, y por ende como uno de los más grandes obstáculos para el desarrollo humano”.

En ese sentido, propone que, quien por acción u omisión ejerza cualquier tipo de violencia física, psicoemocional, sexual, económica, patrimonial o contra los derechos reproductivos, que ocurra o haya ocurrido dentro o fuera del domicilio o lugar que habite, en contra del o la cónyuge, excónyuge, concubina, exconcubina, el concubinario, exconcubinario; el pariente consanguíneo en línea recta ascendente o descendente sin límite de grado, el pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado; el adoptante o adoptado; el incapaz sobre el que se es tutor o curador; y la persona con la que se haya constituido sociedad en convivencia se le impondrá de uno a seis años de prisión.

Además, la pérdida de los derechos que tenga respecto de la víctima, incluidos los de carácter sucesorio, patria potestad, tutela y alimentos, se decretarán las medidas de protección conforme a lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y se sujetará al agente a tratamiento especializado para personas agresoras de violencia familiar.

También se equipara a la violencia familiar y se sancionará con las mismas penas y medidas de seguridad, al que realice cualquiera de los actos señalados en contra de la persona que esté sujeta a su custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado o con quien tenga una relación de hecho o la haya tenido en un período hasta de dos años antes de la comisión del acto u omisión.

Se entenderá por relación de hecho la que exista entre quienes mantengan una relación de pareja, aunque no vivan en el mismo domicilio; se encuentren unidos por vínculos de padrinazgo o madrinazgo; se incorporen a un núcleo familiar aunque no tengan parentesco con ninguno de sus integrantes; tengan

relación con los hijos de su pareja, y a la vez ellos con la pareja de alguno de sus progenitores.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia.

Acuerdos

La diputada Violeta Martínez Pacheco (Morena) presentó un punto de acuerdo para exhortar al Poder Judicial del Estado a generar guardias de trabajo en días y horas inhábiles, en juzgados de primera instancia, en materias Familiar, Civil y/o Mixto, que conozcan y resuelvan asuntos familiares (alimentos, convivencia y violencia familiar), con las facultades para resolver casos de urgencia, garantizando de esa manera el acceso a la justicia, sin importar que el día y momento cuando ocurra la necesidad del ciudadano sea hábil o no. Fue turnado a la Comisión de Justicia.

EXHORTA EL CONGRESO A LA SICT A DAR MANTENIMIENTO Y AMPLIAR EL TRAMO CARRETERO CHILPANCINGO-TLAPA

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Boletín| Chilpancingo, Gro.|20 de abril de 2025.-

La LXIV Legislatura exhortó a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a que dentro del Programa Nacional de Conservación de Carreteras 2025 dé mantenimiento, reparación, reencarpetamiento de la cinta asfáltica y construcción de la ampliación de la carretera federal 93 en la ruta comprendida desde el entronque de Chilpancingo hasta Tlapa de Comonfort, en el Estado, para consolidar la ampliación de este tramo carretero.

El dictamen fundamentado por la diputada Violeta Martínez Pacheco, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, explica que dicho exhorto presentado por el diputado Aristóteles Tito Arroyo es aprobado por las diputadas y diputados integrantes de este órgano legislativo en sentido positivo, con algunas modificaciones que no alteran la propuesta para exhortar a la SICT del Gobierno Federal.

Se informa que la Constitución Política plasma que se debe garantizar los principios de movilidad y seguridad vial de las entidades federativas, municipales y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de acuerdo con los principios de accesibilidad garantizando el acceso pleno en igualdad de condiciones, con dignidad y autonomía, a todas las personas al espacio público, infraestructura y servicios.

Por otro lado, refiere que el titular de la SICT, Jesús Esteva Medina, dio a conocer los proyectos en la materia que se iniciarán este año y anunció que, en el Sexenio del actual Gobierno Federal se tendrá una inversión estimada de 150 mil millones de pesos para infraestructura carretera.

Y en el anuncio de 9 proyectos carreteros en ejes prioritarios con una inversión inicial de 11 mil 933 millones de pesos y entre los estados beneficiados se encuentra la entidad en los trabajos de ampliación y modernización de las carreteras Cuautla, Morelos-Tlapa-Marquelia, Guerrero; Toluca, Estado de México-Zihuatanejo, Guerrero; Salina Cruz, Oaxaca-Zihuatanejo, Guerrero.

Sin embargo, se considera imprescindible que se considere a una de las vías más importantes de comunicación con obras de construcción, rehabilitación y ampliación de la ruta Chilpancingo- Tlapa, al ser las carreteras que permiten que la población pueda tener acceso a los servicios básicos, al desarrollo y progreso de la zona, en beneficio de los pueblos originarios, y con ello eliminar la brecha de desigualdad y la falta de oportunidades para lograr un desarrollo que genere mejores condiciones de vida de los habitantes de esta región en la entidad.

PRESENTA DIPUTADO EXHORTO PARA MEJORAR INSTALACIONES DE LOS CAM’s EN GUERRERO

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Boletín|Chilpancingo, Gro.|17 de abril de 2025.-

Las Comisiones Unidas de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado analizan un exhorto presentado por el diputado Arturo Álvarez Angli para exhortar a los titulares de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE) a que informen al Poder Legislativo sobre la situación actual de los Centros de Atención Múltiple y establecer acciones coordinadas para atender las necesidades de infraestructura y mantenimiento de aulas, seguridad y suficiencia de personal académico y administrativo en estos centros.

 

En la exposición de la propuesta el diputado dijo que uno de los objetivos en el Plan de Desarrollo Estatal 2022-2027 es garantizar educación para todos como un derecho fundamental de las y los guerrerenses, con equidad, inclusión y excelencia, para promover oportunidades de aprendizaje pertinentes en todas las edades, niveles y modalidades del Sistema Educativo.

Explicó que los Centros de Atención Múltiple (CAM) son instituciones educativas en los que se aplican métodos, técnicas y materiales específicos con la finalidad de identificar, eliminar o minimizar las barreras para la participación y el aprendizaje de los educandos, además de proporcionar los apoyos necesarios para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje de los alumnos.

 

Y es que de acuerdo con datos proporcionados por la Dirección de Educación Especial de la SEG, para el ciclo escolar 2022-2023 Guerrero contaba con 57 CAM y 177 USAER que atendieron, respectivamente a 2,606 y 17,051 niñas, niños y adolescentes con la necesidad del servicio; pero desafortunadamente estos centros escolares enfrentan distintas barreras materiales y de infraestructura que limitan su actividad para el aprendizaje, y en muchas ocasiones pone en riesgo su integridad física.

 

El diputado por el PVEM dijo que esta problemática se ha difundido en medios de comunicación en los que padres de familia han demandado la urgencia de mejorar las condiciones de infraestructura y materiales educativos y que incluso han realizado protestas.

 

Por tal motivo, es indispensable exhortar a las autoridades educativas para que el Congreso del Estado conozca dicha situación y en el ámbito de su competencia encaminen acciones inmediatas para que dichas instancias garanticen la infraestructura pública escolar para que cuenten con rampas, servicios sanitarios, alumbrado público, seguridad, cercas perimetrales, entre otros, para que los planteles tengan condiciones de accesibilidad, seguridad y educación de calidad.