Realizó la Auditoría Superior del Estado once observaciones por pagos de obras o servicios sin sustento legal y, falta de evidencia documental en la adjudicación, supervisión y ejecución de las obras públicas
Herón Delgado Castañeda y Antonio Jaimes Herrera gobernaron ese año
Jonathan Cuevas/API
Chilpancingo, Gro.
18 de Mayo del 2020.
Durante el año 2018 en el que nueve meses dirigió el Ayuntamiento el priista Herón Delgado Castañeda y tres meses el morenista Antonio Jaimes Herrera, el Gobierno de Iguala cometió incumplimientos, irregularidades y omisiones en la aplicación del recurso público del municipio, donde destacan probables daños o perjuicios a la hacienda pública, por montos millonarios.
La Auditoría Superior del Estado (ASE) identificó por medio de la cuenta pública presentada en 2019 respecto al ejercicio fiscal del año anterior, obras públicas cuya existencia no fue comprobada y, pagos por obras o servicios que se realizaron sin el debido sustento legal.
Dicha cuenta pública se presentó dentro del plazo establecido de la Ley 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, según la ASE, pero de un universo de 100 millones 986 mil 448 pesos ministrados al municipio por concepto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, se auditaron 38 millones 306 mil 945 pesos; esto es, una muestra de apenas el 37.93 por ciento del total.
Entre sus resultados, la Auditoría del Estado expone que constató mediante inspección física y revisión documental a las obras incluidas en la muestra de auditoría, que la aplicación de los recursos de dicho fondo por un monto de 6 millones 618 mil 146.46 pesos efectuado en cuatro obras, no se realizó de conformidad con los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.
Por eso, dentro del pliego de observaciones la ASE presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública por un monto de 6 millones 618 mil 146.46 pesos, en razón de que dicho monto fue erogado con recursos de ese Fondo, en cuatro obras que “no son financiables de acuerdo a la normatividad aplicable”.
En una segunda observación se indica que mediante la revisión de la documentación del proceso de adjudicación de los contratos para la ejecución de 20 obras, se determinó que dicho proceso no cuenta con la evidencia documental de acuerdo al tipo de adjudicación que manifiesta el Ayuntamiento, para acreditar que fue realizado de conformidad a la normatividad aplicable.
En esas 20 obras donde se aplicaron recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, se determinó que los contratos no contemplan los requisitos mínimos y, una obra no cuenta con la documentación que acredite la garantía de vicios ocultos, establecidos por la normatividad aplicable.
Por ello se emitió la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente a los servidores públicos involucrados.
Sobre el proceso de ejecución de las 20 obras, se constató que no cuentan con la evidencia que acredite que se realizó la supervisión y seguimiento de su ejecución de conformidad a la normatividad aplicable.
Ante esto, la Auditoría Superior del Estado emitió la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente a los servidores públicos que en su gestión, no integraron la evidencia documental que acredite que se realizó el proceso de supervisión y seguimiento en la ejecución de las obras, de conformidad a la normatividad aplicable.
También se detectó que el Ayuntamiento de Iguala pagó un monto de 1 millón 397 mil 374.89 pesos con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, por la ejecución de una obra. En esta se determinó que el importe de 98 mil 960.27 pesos corresponde al acarreo de material, “el cual debe estar integrado en el precio unitario por unidad de concepto terminado, presentado por el contratista, como lo señala la normativa”.
Ante la falta de evidencia e información que acredite que los acarreos de material fueron integrados en el precio unitario por unidad de concepto terminado, como lo señala la normativa, la ASE emitió la observación número 2018/C/Ayto38/ASE-OA012-2019/03/02, en la que se presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública por un monto de 98 mil 960.27 pesos.
Ese mismo año el Ayuntamiento pagó por la ejecución de siete obras, un monto de 11 millones 046 mil 675.20 pesos del mismo Fondo, del cual, el monto de 1 millón 451 pesos 358.84 pesos, “no está respaldado con la documentación comprobatoria y justificativa”.
Se notificó al Gobierno Municipal que presentó diversa documentación con la finalidad de atender la observación, sin embargo, la Auditoría Superior del Estado determinó que no es suficiente, por lo que emitió otra recomendación presumiendo un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública por el monto ya indicado.
De acuerdo con la ASE, este monto fue erogado con recursos de ese Fondo sin presentar la documentación comprobatoria y justificativa que acredite su aplicación a los objetivos del Fondo.
La Auditoría informó también que constató mediante inspección física y revisión documental que en seis obras incluidas en la muestra de auditoría, con aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, “existen conceptos de trabajo pagados de los cuales no se acredita su ejecución”, por un monto de 10 millones 675 mil 332.96 pesos.
Asimismo, “se constató que dos obras no se encontraron operando y no cuentan con la evidencia documental que acredite la propiedad de los terrenos donde fueron ejecutadas”.
En la Observación 2018/C/Ayto38/ASE-OA012-2019/03/04, se presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública por ese mismo monto, en razón de que fue erogado con recursos públicos sin acreditar la ejecución de diversos conceptos de trabajo pagados de seis obras, la operatividad y la evidencia documental que acredite la propiedad de los terrenos donde fueron ejecutadas dos obras.
En la ejecución de cuatro obras, el Ayuntamiento de Iguala pagó un monto de 5 millones 874 mil 373.75 pesos, en las que se determinó que existen conceptos de trabajo pagados de los cuales no se acredita su ejecución por un monto de 289 mil 506.64 pesos.
En la observación correspondiente, se presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública por esa misma cantidad, en razón de que dicho monto fue erogado con recursos de ese mismo Fondo de Aportaciones, en cuatro obras, en las cuales no se acredita la ejecución de los conceptos de trabajo pagados.
Del proceso de ejecución de 19 obras, se determinó que las bitácoras de obra no cumplen con los requisitos establecidos en la normatividad aplicable, por lo que se pidió al Órgano Interno de Control del mismo Ayuntamiento, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente a los servidores públicos que en su gestión elaboraron las bitácoras de obra sin contemplar los requisitos establecidos en la normatividad aplicable.
Respecto a esas 19 obras se determinó también que no se incluyeron las notas relativas a los eventos señalados en la normatividad aplicable, por lo que la Auditoría Superior del Estado emitió la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del municipio, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente a los servidores públicos que en su gestión no incluyeron en las bitácoras de obra las notas relativas a los eventos señalados.
Finalmente se establece que, “se pagaron recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, por un monto de 2,196,781.03 pesos (dos millones ciento noventa y seis mil setecientos ochenta y un pesos 03/100 M.N.), en una obra incluida en la muestra de auditoría, que al momento de la inspección física no operaba, por lo que no cumple con el fin para el que fue presupuestada y diseñada, aunado a lo anterior, no acreditó la propiedad del terreno donde fue ejecutada la obra”.
Por esta otra irregularidad se emitió la recomendación 2018/C/Ayto38/ASE-OA012-2019/03/06, que presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública, “en razón de que dicho monto fue erogado con recursos de ese Fondo, en una obra que no acredita su operatividad ni la propiedad del terreno donde fue ejecutada”.
En total son once recomendaciones por la aplicación irregular del recurso público en la ejecución de obras en las que además de que en muchos de los casos no se comprobó la operación de las mismas, su existencia o la acreditación de la propiedad donde supuestamente se ejecutaron, también se pagaron servicios o trabajos que no están contemplados en los marcos jurídicos o reglamentaciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.
En el dictamen sobre la Auditoría de Inversiones Físicas del Ejercicio Fiscal 2018, la ASE establece que identificó tan solo en la muestra auditada: incumplimientos, irregularidades u omisiones. Sin embargo, cabe aclarar que la Auditoría no precisa qué obras correspondieron al periodo en que estuvo al frente del Gobierno Municipal Herón Delgado Castañeda, y cuáles correspondieron ya al último trimestre que encabezó Antonio Jaimes Herrera.
